Corte Suprema concede domiciliaria a Bernardo Moreno tras 6 meses de cárcel por ‘Yidispolítica’

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo de primera instancia que negó beneficios y en su lugar concedió la detención domiciliaria al exsecretario y exdirector del DAPRE del gobierno Uribe, Bernardo Moreno, tras 6 meses de prisión efectiva por su responsabilidad en el escándalo de corrupción de la ‘Yidispolítica’.

Contrario a lo argumentado por el juez de primera instancia, quien negó el beneficio a Moreno calificándolo como un “delincuente de cuello blanco” que por la gravedad de los delitos no debería tener derecho a prerrogativas, la Corte Suprema de Justicia consideró que la edad (65 años) y la inhabilitación para ejercer funciones públicas (que va hasta que cumpla 72), eran elementos fundados que permitirían la resocialización de Moreno pagando la pena desde su domicilio.

“Mecanismos como la suspensión de la pena son compatibles con la prevención especial positiva, pues entre menos se afecte la libertad personal del condenado mayor son sus posibilidades de reintegración social, máxime cuando se trata de un adulto mayor cuya expectativa de vida es menor”, se lee en la decisión.

Asimismo, se tuvo en cuenta, como lo expuso el abogado del exsecretario del gobierno Uribe, que Bernardo Moreno lleva más de 15 años sin tener relación alguna con funciones públicas por lo cual se encuentra alejado de ese sector y actualmente se dedica a labores agrícolas sin evidenciar nuevos antecedentes penales, tiene arraigo en su familia, y al mismo tiempo ha mostrado buen comportamiento.

“El juez se limitó a señalar que la condena es equivalente al dolo con el que actuó el aforado, lo que no es suficiente para denegar la suspensión, y que los daños por esta clase de conductas son “muchos, complejos y difíciles de cuantificar”, pues era imprescindible argumentar cómo su naturaleza y modalidad impiden en este momento purgar la prisión en el domicilio” añadió la magistratura.

Para la Sala Especial de Primera Instancia, el criterio adoptado por el juez de primera instancia no solo debía centrarse en la gravedad del delito, tráfico de influencias. En cambio, debía tener en cuenta también los antecedentes, en este caso positivos, que permitirían acreditar que otorgar el beneficio a Bernardo Moreno era apropiado.

“Que el condenado pertenezca a una clase social alta, sea profesional o haya ocupado cargos de relevancia y tenga una posición distinguida en la sociedad, como lo refiere el Ministerio Público, no impide la resocialización en su domicilio, ya que la restricción de la libertad no desaparece con el sustituto”, señaló el fallo.

El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) tendrá que cumplir con las obligaciones inherentes a cualquier detenido en su domicilio y además pagar una caución de un salario mínimo mensual, así como también, no salir del país sin previo aviso.