Telecall vs. Gobierno colombiano: ¿aterrizaje fallido?

El conflicto entre la empresa brasileña Telecall y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) ha escalado a un punto crítico y sin retorno. Con el fallido aterrizaje de Telecall en el país, surgen serias dudas sobre este operador, su plan de negocios y los recursos que le adeudan al país.

Mientras la compañía sostiene que se han violado sus derechos en el proceso, el Ministerio insiste en que la firma incumplió las reglas de la subasta de espectro 5G y que no pueden aceptarle el plan de pago propuesto.

Telecall, empresa brasileña de la familia brasileña Ajuz, fue adjudicataria de un bloque de espectro de 80 MHz en la subasta 5G realizada el 20 de diciembre de 2023. Como parte de los requisitos, debía realizar el pago del 13% de la contraprestación económica antes del 12 de noviembre de 2024 (42 mil millones de pesos) Sin embargo, la empresa no realizó el pago dentro del plazo estipulado.

A pesar de esto, según fuentes cercanas a la compañía, se “presentaron tres planes de cumplimiento para subsanar la situación, pero todos fueron rechazados por el MinTIC”. Telecall argumenta que el Ministerio aplicó una norma derogada para justificar la terminación de su contrato, lo que, según la empresa, representa una violación del debido proceso.

Según el exviceministro y actual representante legal de Telecall Colombia, el ingeniero Iván Mantilla, el MinTIC está aplicando erróneamente la condición resolutoria del permiso, sin permitir que la empresa corrija su conducta conforme lo permite la Ley 1341 de 2009. Mantilla sostiene que la deuda de Telecall con el Estado sigue creciendo debido a intereses de mora, sumando aproximadamente 58,9 millones de pesos diarios.

El MinTIC, por su parte, refuta las afirmaciones de Telecall y asegura que la subasta establecía claramente las condiciones de pago. En un derecho de petición que responde a la W, el Ministerio indicó que la declaración de la condición resolutoria es un mecanismo legal para recuperar el espectro radioeléctrico y reasignarlo a otros operadores, sin que esto represente una pérdida económica.

¿Afectación patrimonial para Colombia?

La principal preocupación de este conflicto radica en el impacto económico para el país. Telecall argumenta que su salida representaría una pérdida superior a los 300.000 millones de pesos, no solo por la deuda que sigue acumulándose, sino por las implicaciones que la falta de un operador en el espectro podría tener para el mercado de telecomunicaciones. Además se estarían dejando de conectar las zonas más rurales, apartadas y pobres del país: 330 escuelas y casi 15 mil niños.

El MinTIC desestima esta preocupación y afirma que, en caso de revertirse el espectro, este será subastado nuevamente, permitiendo la recuperación de los recursos para el Estado, además de una póliza de seriedad que era obligatoria para poder participar en la subasta.

Sin embargo, alrededor de la póliza de Telecall hay otra controversia. Según la empresa, el gobierno únicamente podrá hacer efectiva una fracción mínima del monto total asegurado, lo que plantea dudas sobre el impacto real en las finanzas públicas.

Según fuentes cercanas a Telecall, en la resolución se establece que el valor a garantizar por bloque es de 2.5%. Telecall solo compró un permiso de 8 bloques de 10 MHz.

Esto significa que, según la empresa brasileña, la garantía efectiva sería del 2.5% del valor total de la póliza de seriedad, es decir, solo 8,750 millones de pesos, una cifra significativamente menor a los 320 mil millones inicialmente asegurados.

Desde el Ministerio aseguran que no podrán pronunciarse de fondo sobre esta nueva hipótesis de Telecall, en la que se evidenciaría un vacío en la resolución que rige el espectro.

Implicaciones para el sector telecomunicaciones

El enfrentamiento entre Telecall y el Ministerio TIC deja interrogantes sobre la capacidad de la compañía en cumplir con los compromisos adquiridos en el proceso de licitación pública.

Mientras la empresa insiste en que el gobierno vulneró su derecho al debido proceso, el Ministerio defiende su actuación con base en las reglas de la subasta. Lo cierto es que el desenlace de este caso podría sentar un precedente para futuras inversiones en el sector de telecomunicaciones en el país.

Independientemente de las posiciones de ambas partes, lo evidente es que Colombia está perdiendo una cantidad significativa de dinero en este proceso y afectando la reducción de la brecha de conectividad. La posibilidad de que solo se pueda recuperar una fracción del valor total de la póliza representa un fuerte golpe económico.

Por ahora se espera que el MinTic responda la apelación enviada por Telecall frente a la negación del último plan de cumplimiento enviado, estas movidas legales podrían tomar alrededor de un año y costar mucho dinero al Estado.

Escuche W Radio en vivo: