Tribunal admitió demanda contra el presidente Petro por presunto hostigamiento a medios
La demanda sostiene que el presidente ha utilizado su posición para desacreditar y estigmatizar a diversos medios de comunicación.
Gustavo Petro | Foto: EFE / Carlos Ortega (EFE)
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha admitido una demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho en contra del presidente Gustavo Petro. La acción judicial acusa al mandatario de hostigamiento hacia medios de comunicación, argumentando que sus comentarios públicos atentan contra la libertad de expresión y de prensa, pilares fundamentales de la democracia.
La demanda, sustentada con capturas de pantalla de publicaciones realizadas por Petro en su cuenta de X (antes Twitter), sostiene que el presidente ha utilizado su posición para desacreditar y estigmatizar a diversos medios de comunicación. La Fundación para el Estado de Derecho alega que estos ataques constituyen una amenaza a los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la libertad de expresión y de prensa, así como a la prestación eficiente del servicio público de comunicación y acceso a la información.
Entre las publicaciones citadas en la demanda, se destacan comentarios como “Miren este medio tratando de dividir la fuerza pública del Gobierno”, “Ya van dos noticias completamente falsas, no pensé que llegaran a tanta bajeza. De inmediato les exijo rectificar”, y “Medios de comunicación tradicionales, manipulación y juventudes”.
Según la Fundación, estos mensajes no solo desmienten la información de los medios, sino que también los califican de forma negativa, lo que podría generar un clima de intimidación hacia los periodistas.
Motivos y peticiones de la demanda
El documento judicial señala que “la Presidencia de la República, representada por Gustavo Petro Urrego, está amenazando y vulnerando los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la libertad de expresión y de prensa en su dimensión colectiva, y la prestación oportuna y eficiente del servicio público de comunicación y acceso a la información”. Por ello, el demandante solicita al tribunal que se notifique al presidente para que se abstenga de emitir comentarios públicos que desacrediten, intimiden o etiqueten a los medios de comunicación y periodistas del país.
Además, la demanda incluye una petición para que, una vez proferida la sentencia, el presidente ofrezca disculpas públicas por sus declaraciones descalificantes. Estas disculpas deberían hacerse de manera escrita en la página web de la Presidencia y mediante una alocución presidencial en horario prime time en todos los medios de comunicación.
Medidas para garantizar la independencia de los medios
Entre las medidas propuestas por la Fundación, se destaca la creación de un precedente que prohíba al presidente cualquier intento de censura directa o indirecta. Esto incluye evitar presiones para retirar pautas publicitarias en medios críticos del Gobierno, mantener la información sobre la pauta oficial disponible al público y garantizar una distribución justa de la publicidad oficial, sin concentrarla en medios afines al Gobierno.
Asimismo, se solicita que el Gobierno asuma un compromiso más firme en la protección de los periodistas amenazados o en riesgo. Para ello, se propone la conformación de una mesa interinstitucional con la participación de la Unidad Nacional de Protección, la Policía y la Fiscalía, con el fin de implementar acciones concretas que resguarden la actividad periodística.
Finalmente, se sugiere la creación de un comité que monitoree de manera continua las denuncias sobre violaciones a la libertad de prensa. Este comité tendría la función de elevar alertas y recomendaciones al Gobierno, con el objetivo de garantizar el pleno respeto a la libertad de expresión y de prensa.
Un caso que podría sentar un precedente
La admisión de esta demanda por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca representa un paso importante en la protección de la libertad de prensa en Colombia.
De confirmarse las acusaciones, este caso podría sentar un precedente sobre los límites del poder presidencial en relación con la crítica a los medios de comunicación y reforzar las garantías para un periodismo libre e independiente en el país.
El caso está siendo seguido de cerca tanto por organismos de derechos humanos como por asociaciones de periodistas, que han manifestado su preocupación por el tono de los mensajes presidenciales y el impacto que podrían tener en el ejercicio del periodismo en Colombia.
