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El Gobierno ofrecerá 90% de un salario mínimo para la sustitución de cultivos de coca en Catatumbo

Durante el consejo de ministros televisado este 3 de marzo, la directora de Sustitución de Cultivos anunció la medida, que busca mitigar la crisis humanitaria en la región.

Consejo de ministros de este 3 de marzo de 2025. Foto: suministrada.

Consejo de ministros de este 3 de marzo de 2025. Foto: suministrada.

En un intento por atender la crisis humanitaria que atraviesa la región del Catatumbo, en Norte de Santander, el Gobierno nacional anunció un plan de sustitución de cultivos que incluye pagos mensuales cercanos al 90% de un salario mínimo legal vigente —alrededor de 1′280.000 pesos— a los agricultores que erradiquen sus siembras de uso ilícito y opten por cultivos lícitos.

La iniciativa está contemplada en el decreto de conmoción vigente, que busca contener la violencia y garantizar la soberanía en el territorio.

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Según la directora de Sustitución de Cultivos, Gloria Miranda, se estima que en el Catatumbo se concentra una porción significativa de las hectáreas con cultivos ilegales.

“De acuerdo con el último reporte de Naciones Unidas, el departamento de Norte de Santander registraba 43 mil hectáreas, cifra que, según reportes recientes, ahora llega a 53 mil”, afirmó. Más de la mitad de los cultivos se encuentran en Tibú, seguido de El Tarra y Sardinata, lo que indica que serán municipios priorizados.

La funcionaria explicó que, como parte de la estrategia, “se generará un pago por erradicación de 1.280.000 pesos durante doce meses”, lo que pretende cubrir los gastos básicos de los campesinos mientras se consolida una nueva economía legal.

El Gobierno argumenta que los habitantes de la zona han dependido históricamente de la siembra de coca y no han contado con una presencia estatal constante, por lo que se requiere de un apoyo económico transitorio para su subsistencia.

Además del pago mensual, el plan incluye proyectos productivos valorados entre 15 y 20 millones de pesos, con prioridad para mujeres, particularmente madres cabeza de familia, y para iniciativas asociativas.

Miranda señaló que la propuesta “no consiste solamente en cambiar una mata por otra, sino en transformar todo el circuito económico”, asegurar la producción, la logística de transporte y la comercialización de los nuevos productos. Para ello, el Gobierno trabaja con entidades del sector financiero, como el Banco Agrario, a fin de ofrecer créditos con períodos de gracia de hasta cinco años.

Respecto al presupuesto requerido, se solicitó al Ministerio de Hacienda una asignación de 362 mil millones de pesos. De ellos, 152 mil millones se destinarán a los pagos por erradicación, y 178 mil millones, a la puesta en marcha de proyectos agrícolas legales.

Según Miranda, “ya hay aproximadamente tres mil hectáreas de coca que entrarán en este proceso, pese al temor de la población por la presión de los grupos armados”.

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