Controversia en sector Cannabis por borrador de decreto que da exclusividad en venta de flor seca

El Ministerio de Salud publicó un borrador de decreto que permitiría, por primera vez, la venta de flor seca de cannabis en el país. Esta medida busca ampliar el acceso al cannabis medicinal y fortalecer a los pequeños y medianos cultivadores. Sin embargo, la propuesta ha generado polémica al otorgar una exclusividad de dos años a este grupo, lo que ha causado preocupación entre las empresas establecidas en la industria.

Camilo de Guzmán, expresidente de Asocolcanna, señaló que la industria del cannabis en Colombia está compuesta mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas.

“La controversia está en lo siguiente: en 2016, Colombia legalizó el cannabis y en 2017 se reglamentó, pero cometimos dos grandes errores que no han permitido que la industria florezca. El primero fue que no permitimos la exportación de la flor seca, que es la presentación que la mayoría de pacientes y médicos recetan para consumo. El segundo, que tampoco se permitió su venta a nivel nacional”, explicó.

Según de Guzmán, de las 2.350 licencias de cultivo otorgadas, solo 43 corresponden a pequeños y medianos cultivadores, y de estos, únicamente seis están activos.

“¿Cómo se va a pretender que un mercado medicinal de pacientes en Colombia sea surtido por solo seis empresas, cuando hay más de 2.500 licenciatarios?”, cuestionó.

También advirtió que “este decreto le otorga un monopolio a estos seis productores, lo que podría significar el quiebre del 99% de las empresas que han esperado más de ocho años para que se abra un mercado nacional”.

Por otro lado, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alirio Uribe, defendió la medida, argumentando que busca corregir las dificultades que enfrentan las comunidades para acceder al mercado legal del cannabis medicinal.

“El decreto trata de corregir una situación injusta: los pequeños productores no tienen acceso al sistema de licenciamiento porque este cuesta millones de dólares. El objetivo es que puedan transitar de la ilegalidad a la legalidad”, explicó.

Uribe también señaló que el Estado debería garantizar mecanismos para que estos productores puedan cumplir con los estándares de calidad. “No podemos decir que solo las empresas nacionales o extranjeras saben producir cannabis medicinal. Los campesinos e indígenas llevan décadas cultivando y necesitan apoyo del Estado para certificarse y competir en el mercado legal”, enfatizó.

La discusión se centra en cómo equilibrar la inclusión de pequeños productores sin afectar la estabilidad de las empresas existentes y garantizar un suministro adecuado y de calidad para los pacientes que requieren cannabis medicinal. El debate continúa mientras el gobierno analiza las observaciones al borrador del decreto antes de su promulgación final.