Montealegre presenta su último proyecto de ley: una “Guardia de Inteligencia contra el crimen”
El saliente ministro de Justicia señaló que dicho cuerpo, adscrito a la Fiscalía, podría operar preventivamente, con funciones similares a la UIAF.
Ministro Eduardo Montealegre. Foto: (Colprensa - Lina Gasca)
El saliente ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció el último proyecto de ley de su administración. Se trata de la ‘Guardia de Inteligencia contra el Crimen Organizado’, un organismo que estaría adscrito a la Fiscalía y que realizaría labores de inteligencia y análisis macrocriminal previo contra esas estructuras.
“Por primera vez, un órgano de la rama judicial asume funciones de indagación semejantes a las de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), lo que le permite actuar no solo en el marco de investigaciones penales en curso, sino también en la prevención y detección temprana de riesgos y estructuras criminales”, se lee.
Además, en el proyecto de ley que se pondrá a consideración del congreso, dicha Guardia de Inteligencia tendría una participación centralizada y labores de coordinación sobre los demás organismos del Estado y funcionarios de Policía Judicial en los casos contra Crimen Organizado.
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“En el marco de esta facultad, cobran vital importancia los cruces de información con otras entidades que ejercen funciones de inteligencia, tales como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), entre otras que desarrollen competencias afines” afirma el proyecto.
Asimismo, en el marco de las facultades de “inteligencia financiera” que le serían otorgadas a la Guardia, se podría, con autorización de un juez de control de garantías, “hacer injerencias en derechos fundamentales, mediante actividades de indagación como la búsqueda selectiva en bases de datos, inspección de información financiera de empresas, interceptación de correos electrónicos y comunicaciones digitales, entre otras, a través de su Policía Económica Financiera”.
