En un informe entregado por la saliente procuradora delegada, Diana Ojeda, se cuestionaron los alcances de la resolución de la cartera y de hecho se planteó que podría representar un fraude a resolución judicial.
La entidad consideró fundamental que la Corte escuche a los sectores más vulnerables del país, los cuales, a su juicio, se verán más beneficiados con esta reforma.
La Corte IDH explicó que todas estas personas fueron detenidas en el 2024 sin orden judicial, sin explicar motivos y que se desconoce con certeza su paradero y su estado de salud.
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