La Defensoría del Pueblo sostuvo a través de un informe que el desplazamiento masivo inició el 8 de enero del presente año, por el temor que estarían enfrentando las comunidades en sus territorios.
Según las investigaciones, sería el encargado del cobro de extorsiones a finqueros y residentes de los municipios de Tierralta y Montería.
Según la administración municipal, la meta sería eliminar la matrícula contratada en ambos establecimientos educativos.
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