Sector empresarial pide al Congreso y al Gobierno que no ratifiquen el Acuerdo de Escazú

El Consejo Gremial Nacional, en representación del sector empresarial colombiano, le solicitó al Congreso de la República y al Gobierno nacional, la no ratificación del Acuerdo de Escazú, y que abra un espacio de diálogo y análisis con distintos sectores, incluido el sector productivo, en el que se analicen los beneficios y riesgos del mismo.

“Es innecesario y altamente riesgoso -por ende inconveniente- para Colombia y en particular para la reactivación y el crecimiento económico, el incentivo a la inversión y fortalecimiento del tejido empresarial, la generación de empleo y la contratación de bienes y servicios”, aseguró el Consejo Gremial Nacional en un comunicado.

El gremio agrega que el país cuenta con un amplio sistema normativo de participación ciudadana y acceso a la información, “que siendo susceptibles de mejora, no requieren de un tratado internacional que contempla mecanismos poco convenientes al respecto”.

Para el gremio son varios los puntos por los que argumenta esto:

1. “Cualquier ciudadano, sin tener interés legítimo en una actividad o proyecto en proceso de licenciamiento ambiental, y sin verse afectado de manera directa o indirecta, pueda, en todas las etapas del mismo, interponer acciones administrativas o judiciales y afectarlo, causando una enorme inseguridad jurídica”.
2. “Obliga a las entidades públicas a revelar información confidencial de las actividades y proyectos en trámite y obliga a los actores privados, particulares o sociedades, a entregar información confidencial de sus operaciones”.
3. “El Acuerdo de Escazú dice propender por la garantía de la protección al medio ambiente. Olvida que se encuentra ampliamente definida en la Ley y en la jurisprudencia, mediante varios mecanismos como procesos de licenciamiento ambiental, Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental y Guías Ambientales, entre otros muchos”.
4. “El Acuerdo de Escazú permite que cualquier organización, nacional o internacional, pueda hacer uso de acciones administrativas o judiciales, lo que conduciría a que una organización del exterior, independiente de su interés -no requiere que sea legítimo- afecte una actividad o proyecto de desarrollo, de cualquier sector económico”.
5. “Obliga a los Estados Parte, a acatar decisiones de un tribunal por crear o de la Corte Internacional de Justicia, a la que Colombia renunció, con ocasión de la disputa territorial y marítima con Nicaragua”.
6. “La protección, garantías, principios, trámites y derechos que pretenden reconocerse con el Acuerdo de Escazú no suman al ordenamiento nacional pues muchos ya están incluidos”.

Finalmente, pide participar de la iniciativa en calidad de Observador por un tiempo prudencial de al menos dos años a fin de conocer de manera directa la implementación y aplicación en otros países.