¿Hay irregularidades en la construcción del colegio Pablo VI en Sopó?
En 2019, un grupo de concejales denunció las irregularidades ante la Procuraduría y la Contraloría. Hasta la fecha, no hay ningún resultado.
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¿Hay irregularidades en la construcción del colegio Pablo VI en Sopó?
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Estudiantes en clase (Fotos: Getty Images)
Bogotá
En pocas semanas, la administración del alcalde Alejandro Rico inaugurará el colegio Pablo Sexto en el municipio de Sopó, Cundinamarca. La nueva sede albergará a cientos de estudiantes y significa un avance importante para el sector de Educación del municipio.
Sin embargo, la administración actual denuncia presuntas irregularidades que se llevaron a cabo al momento de comprar los predios destinados a la construcción del colegio.
El exalcalde William Venegas, quien dirigió el proceso de compra, habría ignorado un avalúo catastral del año 2015 que establecía que el valor del predio era de más de 600′000.000.
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En su momento, un grupo de concejales del municipio denunciaron que el alcalde del momento ignoró este valor y contrató un nuevo avalúo que arrojó la cifra de 2.100 millones de pesos, valor tres veces mayor al del avalúo original y por el cual fue comprado el predio.
El exalcalde explicó que el avalúo original no tenía autorización de los dueños del predio y contaba con un propósito distinto al necesario en un proceso de enajenación de bienes inmuebles por lo cual optó por contratar un nuevo avalúo.
Por otro lado, el alcalde Alejandro Rico resaltó qué en su momento, su predecesor no solicitó autorización del Consejo municipal para la compra del predio, incumpliendo lo establecido en la Ley 1551 de 2012 frente a la enajenación y compraventa de bienes inmuebles.
Frente a lo anterior, el exalcalde Venegas argumentó que hay una diferencia entre autorización y reglamentación y aseguro que se hicieron los estudios necesarios para verificar que la persona a la cual le fue comprado el bien era el legítimo dueño. Sin embargo, hoy la actual administración se enfrenta a una demanda multimillonaria ya que otra persona dice ser el legítimo dueño del inmueble.