No es un paro, es un secuestro: comunidad segoviana alerta sobre paro minero

W Radio recibió la llamada de un oyente desde Segovia, Antioquia. Su voz señalaba angustia y desesperación, por la situación la cual la comunidad define como un secuestro masivo, más que un paro armado.

El oyente denunció intimidaciones, amenazas y vacunas por parte de hombres armados, así como la escasez de alimentos que ha obligado a la comunidad segoviana a subsistir mediante agua y pan de una panadería cuya dueña es la única que se ha atrevido a desafiar a los hombres armados, con el único propósito de alimentar a una comunidad hambrienta.

Posteriormente, envió a W Radio una comunicación que desde Segovia envían al país:

El 7 de agosto de 2022, una Colombia de entre 48 y 50 millones de habitantes, observaba desconcertante, como por primera vez en su historia reciente, se instalaba en la casa de Nariño un presidente abiertamente de izquierda. Casi sin creerlo, los colombianos observábamos a un líder instalado por estudiantes, por agremiaciones sindicales, por las comunidades negras, indígenas, por los territorios excluidos, por ambientalistas, feministas y borrachines. A él se le observa con una mezcla de admiración y lástima, la admiración de verlo diciendo todo lo que dice, y con lástima de saber cómo va a lograrlo, no tanto por falta de voluntad como por las talanqueras que va a encontrar en el camino. Pese a ello, la sociedad le ha creído, y hay un aura de esperanza sobre él y su proyecto.

A finales del mes de Febrero, su ministra de ambiente, Susana Muhamad, en coparticipación del ministro de defensa, Iván Vásquez Gómez, quemaron siete maquinarias tipo dragas por la zona del bajo Cauca antioqueño, haciendo perder miles de millones a los dueños de estas maquinarias ilegales, en un hilo conductor que va del discurso ambientalista de la ministra, y de la minería desde la legalidad del ministro, esta acción parece encadenar las intenciones de distintos ministerios, y llevar la vocería de lo que quiere expresar al país el presidente Gustavo Petro. Pero el asunto tiene distintas aristas:

Las multinacionales han expresado la necesidad de acompañamiento policivo y militar a las actividades de extracción de material minero, dada las complejidades de los territorios, a lo que el gobierno ha hecho oídos sordos, sobre todo porque con ellos también han tenido una relación conflictiva, por el tema de evasión fiscal del que son buenos practicantes muchas de las multinacionales que se han establecido allí. De tal suerte, el gobierno ni tira ni afloja. No les tira, porque constituyen una parte muy importante de las rentas nacionales, y no le afloja, porque sabe que son explotadoras, que dejan menos dinero del que deberían, y no aportan de la manera significativa que ellos vociferan a los cuatro vientos. Entonces, el gobierno les ha dejado solos, y la anhelada protección estatal es cada vez más invisible, lo le que ha generado un ambiente de tensionante calma en las actividades extractoras, pero también ha producido abierta molestia por parte de los gerentes de estos proyectos mineros, que ven ante la falta de acción, un guiño cómplice a los grupos ilegales que generan riqueza a partir de su práctica irregular.

El clan del golfo, grupo armado que ha venido tomando fuerza tras las sucesivas desmovilizaciones que se vienen dando desde el gobernó de Uribe y continuadas por el de Santos, y dueño de las dragas, ha decidido convocar a un “paro minero “y han hecho un pliego justificándose en causas sociales, e incluso invocando el espíritu social de las protestas del 2019. Su convocatoria inicial fue en el territorio del Bajo Cauca, epicentro del problema, pero rápidamente se ha extendido a los territorios del nordeste antioqueño. Pero el paro minero se parece mucho a un paro armado, y lo que ellos han denominado protesta social se ha hecho con armas, intimidaciones a comerciantes para que cierren el comercio, intimidaciones a la fuerza pública, y muestras públicas de fuerza, amenazas directas y extorsiones a quienes se atrevan a desafiar su ley.

En Segovia, Antioquia, la gente nunca aprobó un paro minero. No se confunda lo anterior con que los mineros estén contentos. Ellos están inconformes respecto a las políticas estatales, pero esa inconformidad no ha convocado el espíritu de un paro de forma alguna. Desde mediados de febrero, había aires de paro, pero nadie daba explicaciones ni motivaciones. El viernes 3 de Marzo, casi de la nada, como un rayo, niños y niñas se tomaron las calles del pueblo, una por una, haciendo cerrar cada uno de los locales comerciales del municipio, instando a que esto continuara, bajo presión de cobrar hasta dos millones de pesos a quien se atreviera a abrir durante los días del paro. De ahí en más, el pueblo ha sido del dominio de los niños que se toman las calles para jugar balón, y de los ancianos que se las toman para jugar dominó y parqués.

Todo está quieto: la educación, las minas medianas y pequeñas, todo el comercio, y la salud, que siempre ha sido floja, está en su peor momento. Nadie sabe del paro, ni lo que lo motiva, nadie se atreve a hablar de ello, nadie se atreve, incluso desconociendo las razones del paro, abrir sus puertas comerciales. En el pueblo no hay plantones ni movilizaciones, pero la gente sale, se reúne, habla, no demasiado y con prudencia. La gente, en síntesis, tiene miedo.

Lo particular del asunto es que no ha habido una sola voz que se alce en contra del paro, lo que demostraría, por lo menos, que hay distintos grupos ilegales disputándose la hegemonía del territorio. Llama la atención que la fuerza pública, muy presente los primeros tres días del paro, hoy esté casi ausente del municipio, que el ejército, a tan solo dos kilómetros del casco Urbano: Batallón energético número 8, no haya vuelto a sacar a ninguno de sus hombres para patrullar el municipio ni garantizar la seguridad de sus comerciantes y ciudadanos, y que haya sido la propia policía la que le solicitó a algunos comerciantes cerrar sus locales por la seguridad del pueblo. Llama la atención que, pese a que el paro no goza de ningún respaldo por parte del pueblo segoviano, ellos se acojan a sus reglas, porque nadie, ni legal ni ilegal, se atreve a controvertir lo que mandan desde Caucasia. Porque las ordenes se dieron desde allí, y se han cumplido al pie de la letra. A Segovia, en 6 días de paro, sólo han dejado ingresar un camión, pues el gobernador que venía en una caravana humanitaria tuvo que devolverse porque en la mitad del camino plantaron un camión con gas. Y no hay salida ni entrada para los municipios. Segovia, como el nordeste, como el bajo cauca, está aislado de Colombia, y en el territorio escasean todos los bienes, la gasolina, el gas, los víveres y las verduras son prácticamente inexistentes.

Si las cosas hay que decirlas por su nombre, y se eligió a este gobierno para que las dijera bien, entonces habría que aclarar que aquí no hay un paro, hay un secuestro masivo. Tenemos al municipio por cárcel, y hay una lucha leonina por conseguir recursos que escasean por todas partes. El gobierno se niega al diálogo, los grupos, se niegan a cederle al gobierno, es un diálogo de sordos en el que las únicas víctimas son el pueblo secuestrado entre la indolencia de los ilegales, y la terquedad de sus gobernantes.