Piden crear plan de contingencia por inminente aumento de personas migrantes en Colombia

Desde la capital de Córdoba, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, advirtió que después del 11 de mayo podría presentarse un incremento exponencial de los movimientos migratorios mixtos que ingresan y circulan en nuestro país y, por ende, los riesgos y vulneraciones a los Derechos Humanos de este grupo poblacional.

“Hago un llamado a toda la institucionalidad para que de inmediato se construyan planes de contingencia que permitan garantizar los derechos de los migrantes y refugiados ante el aumento que podría presentarse a partir de ahora. Es fundamental que se considere la instalación de albergues humanitarios para atender esta población en sus necesidades básicas y puntos de orientación y asistencia legal”, manifestó el funcionario.

“La razón de esta solicitud deriva del levantamiento, (desde el 11 de mayo), del Título 42 que en Estados Unidos permite expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de EE.UU. En marzo del 2020, el Gobierno de Estados Unidos decidió implementar esta medida por temas de salud pública asociados al Covid -19. A pesar de la restricción, la movilidad humana no se ha detenido. De acuerdo con los datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá durante el 2022 se registraron 248.284 personas migrantes y/o con necesidad de protección internacional en la frontera entre Colombia y Panamá”, señala la Defensoría del Pueblo.

En ese sentido, se puntualiza que en lo que va corrido de 2023 han cruzado a esta zona del país 127.000 personas. “Los venezolanos continúan siendo los que más transitan con 55.589 personas, seguidos por haitianos 28.610 y ecuatorianos 16.992″, agrega el organismo defensor de Derechos Humanos.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo informó que en las regionales del Urabá Darién y Chocó, principales puntos de salida de esta diáspora transcontinental, del Caribe y terceros países, se han detectado incrementos de población migrante en los municipios de Turbo y Necoclí (Antioquia), Acandí y Juradó en (Chocó).

“Para la Defensoría del Pueblo es urgente que se actúe de inmediato para garantizar los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres quienes son vulnerables a la violencia sexual durante el tránsito. También los derechos de las niñas niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados, quienes podrían ser víctimas de trata de personas o explotación sexual comercial. Las personas en tránsito se exponen a perder la vida y su integridad ante los múltiples riesgos asociados a la migración”, recalcó Camargo Assis.

Finalmente, el Defensor del Pueblo también instó a que se agilice la puesta en marcha de los Centros de Procesamiento Migratorios, de manera que se pueda brindar a las personas migrantes y solicitantes de refugio la posibilidad de migrar de manera segura.