“Resultaría más gravoso que la expropiación”: preocupación por decreto de MinAgricultura
Según el instituto, si este decreto se aprueba, el ministerio excedería funciones y limites constitucionales.
Imagen de referencia. Foto: GettyImages / May Lim / 500px
Después de que el Ministerio de Agricultura diera a conocer que se está alistando un decreto que agilizaría los procesos agrarios y permitiría que en vez de la extinción de dominio los propietarios vendan el predio; el Instituto Colombiano de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, señaló que el ministerio excedería funciones y límites constitucionales.
“Alertamos sobre el borrador de decreto reglamentario del articulo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, que buscaría otorgar más competencias a la ANT (sin control judicial automático como lo estableció el PND). El borrador de normatividad excede las facultades reglamentarias consolidando nuevas causales de extinción de dominio de predios rurales. Mecanismo que resultaría más gravoso que la expropiación, ya que, no tenga al propietario derecho a indemnización” señaló el director ejecutivo del ICP, Carlos Augusto Chacón.
El instituto le hizo una invitación al Congreso de la República, especialmente a las Comisiones Quintas del Senado y la Cámara de Representantes para que cite a debate de control político pluripartidista a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica “con el fin de garantizar la legalidad del mencionado proyecto y proteger el derecho constitucional a la propiedad privada de los colombianos”.
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Una de sus principales preocupaciones, es que en el capítulo I el Gobierno estaría en contravía del derecho a la propiedad y el debido proceso. Esto según el ICP “estaría afectando la iniciativa privada y el libre ejercicio de la actividad económica”.
Señalan que de aprobarse el decreto mencionado, se le darían competencias adicionales a la ANT dejándole exceder los limites constitucionales.
“Si el Gobierno introduce nuevas causales de extinción de dominio o amplia su aplicación más allá de lo definido en las leyes, se constituye una violación del principio de legalidad y de la separación de poderes, ya que estaría ejerciendo funciones que corresponden al Congreso de la República y desconocería que las normas procesales son de obligatorio cumplimiento. Además, el decreto genera incertidumbre al no definir con claridad la forma como la ANT determinará la existencia de algunas de las nuevas causales”.
