Inseguridad, el mayor problema de los colombianos por primera vez en ocho años

Por primera vez en ocho años, la inseguridad ha vuelto a ser el principal problema de los colombianos, según la más reciente encuesta realizada por la firma Invamer.

Después de que se firmó el proceso de paz, los colombianos empezaron a percibir que el mayor problema de Colombia estaba relacionado con la economía, la corrupción y el desempleo, entre otros. Sin embargo, la situación de inseguridad y orden público vuelven a convertirse en el principal dolor de cabeza.

Iván Carvajal, quien es consultor en gestión territorial de la seguridad, aseguró en entrevista con Sigue La W que lo primero que se debe analizar a partir de los resultados de esta encuesta es que no se está hablando de un tema de percepción.

“No tenemos que acudir a un imaginario subjetivo de cómo nos sentimos en seguridad. Tenemos datos que nos preocupan muchísimo, en especial a quienes manejamos temas de seguridad pública y trabajamos en territorios apoyando a las administraciones locales en la gestión territorial de la seguridad”, expresó el consultor.

Por eso, advierte que lo que sorprende no es que Colombia regrese como a otras épocas, sino que “hoy en día, con otros contextos, no superamos asuntos de seguridad que en algún momento creímos que estaban siendo superados”.

Así mismo, Carvajal se refirió a aquellos datos que preocupan al país: “Colombia está en el top tres de países más violentos del hemisferio y en el listado de las 50 ciudades más violentas del mundo hay cinco nuestras. Cali cuenta con una tasa de homicidios de 44 muertes por 100.000 habitantes cuando el promedio nacional es de 26 o 25 y el promedio mundial es de 7″.

Sobre esa medición, Carvajal precisó que la tabla solamente mide ciudades por encima de 300.000 habitantes, pero hay otras con menor población como Santander de Quilichao, Caucasia, Tarazá y otras que tienen tasas de homicidio de 140 o 160 por cada 100.000 habitantes.

Por eso, reiteró que la seguridad ya no se trata de un tema de percepción, sino que “es real y tenemos datos, observatorios del delito en ciudades y esta encuesta nos lo está reafirmando desde una óptica cualitativa”.

Carvajal también expresó que no está de acuerdo con aquellos que advierten que ahora se tienen nuevos datos e información en cuanto a la inseguridad, pues recordó que, en los últimos 60 años, Colombia ha tenido índices de criminalidad muy altos y se ha destacado por eso en el mundo.

“Hemos tenido gobiernos en los que se ha podido manejar el asunto y el presidente tiene toda la potestad legal y amparo constitucional para buscar la paz y hallar las estrategias posibles para encontrar soluciones al conflicto interno”, expuso.

Sin embargo, advirtió que tiene reparos hacia la estrategia de la Paz Total, impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro:

“Es el hecho de coartar la posibilidad del desarrollo de la fuerza pública, su inercia y trabajo constitucional. La fuerza pública es como el horno de una ladrillera: para que funcione, se deben esperar 10 días a que prenda y tenga la temperatura adecuada. Para apagarlo, se requieren 15 días, así que la fuerza pública es una gran maquinaria que, si se detiene en seco, necesita un tiempo para volver a arrancar y tener las capacidades que tenía antes, como la inteligencia e investigación criminal”.

En ese lapso en que la fuerza pública estuvo detenida, continuó Carvajal, “se abre una brecha en que los grupos delincuenciales y agentes generadores de violencia en los territorios tienen toda la posibilidad de desarrollar y expandir su mercado y accionar delictivo. Por eso tenemos un aumento en los casos de secuestro hoy en día”.

Por otro lado, sobre hasta qué punto la seguridad es responsabilidad del Gobierno o de los municipios y departamentos, Carvajal explicó que el país cuenta con un sistema de seguridad nacional, local y regional:

“Los alcaldes tienen unas responsabilidades y los gobernadores otras. En los municipios, hay alcaldes con poco conocimiento en gestión territorial de la seguridad y no tienen buena asesoría alrededor. Además, muchos fallos judiciales imponen obligaciones –por ejemplo, fallos de reparación colectiva– cuyas tareas recaen en la responsabilidad de municipios de quinta y sexta categoría que no tienen capacidades ni presupuesto o conocimiento para desarrollar esos planes de territorio”.

Por eso, continuó, a esos alcaldes “les estalla el problema en las manos y sale a resaltar esa cultura mesiánica de siempre de esperar que otros vengan a solucionar sus problemas, a pedir pie de fuerza que no lo hay y que el Gobierno los apoye”.

De esa forma, sostuvo que existe una desconexión absoluta entre sistemas de seguridad local, regional y nacional.

Adicionalmente, Carvajal señaló que los ciudadanos de centros urbanos tienen la libertad y la facilidad para exponer y expresar sus sentimientos y percepciones sobre la seguridad, mientras que los que habitan en zonas rurales son bastante reservados con lo que dicen, hablan y opinan.

“Ellos (los habitantes de zonas rurales) están alrededor de ese contexto donde conviven en el mismo ecosistema con agentes generadores de violencia, centros de producción agrícola y donde están las interconexiones estratégicas del país de donde salen los insumos para producir”, precisó.