Procuraduría destituye e inhabilita a exalcalde de Dosquebradas y otros 5 exfuncionarios
La medida para el exmandatario Fernando Muñoz y para dos exfuncionarios, fue emitida por nueve años; para los tres involucrados restantes, la medida rige por ocho años.
Foto: Alcaldía de Dosquebradas
Pereira
Continúan los procesos legales contra Fernando Muñoz, alcalde del municipio de Dosquebradas en el periodo 2016 - 2019, quien fue capturado en el año 2018 por presunta corrupción con la contratación adjudicada a una empresa para la recolección y disposición de las basuras, el manejo de escombros, mantenimiento de pozos sépticos y actividades de tenencia de animales en el municipio.
Luego de 12 meses de prisión, Muñoz salió en 2020 con medida de detención domiciliaria y continuó vinculado al proceso junto a otros 12 exfuncionarios de su administración y en las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación emitió una suspensión por ocho meses a Fernando Muñoz por la falta de vigilancia y control a siete convenios suscritos para el manejo de residuos sólidos en el municipio entre 2016 y 2018.
Así mismo, el ente de control emitió sanción de destitución e inhabilidad general por nueve años para el exalcalde Muñoz, el exsecretario de Planeación de ese entonces Jonnathan Omar Barrientos Patiño y de Desarrollo Agropecuario, Julián Alberto Carrizosa Montoya, quienes habrían suscrito los convenios irregulares pasando por alto los errores que allí se encontraban.
Por otro lado, la Procuraduría impuso la misma medida de destitución e inhabilidad por ocho años para profesional universitario, Elkin Mauricio Arboleda Pérez, dependiente de la Secretaría de Planeación; al director operativo de Gestión Ambiental, Luis Fernando López Mustafá; y al director operativo de Gobierno, Carlos Elías Márquez Valencia, supervisores sobre los que no se ejerció adecuada labor permitiendo que el objeto del contrato no se cumpliera, aunque se había realizado el pago total de los recursos destinados para el servicio.
El ente de control estableció que el exalcalde estaba obligado a responder por el manejo y dirección de la actividad contractual sobre la que omitió adelantar acciones y concretas, por lo que vulneró los principios de moralidad y responsabilidad siendo esto una falta grave a título de culpa grave según la Procuraduría.
