“Decreto 1844 no detuvo el consumo y generó violencia”: Échele Cabeza ante dosis mínima

‘Échele Cabeza Cuando Se Dé En La Cabeza’ ha estado operando en Colombia durante 12 años con el objetivo de generar y difundir información sobre sustancias psicoactivas para la reducción de riesgos y daños.

Su misión se centra en promover y fortalecer la capacidad de decisión y respuesta de la población joven frente al consumo de sustancias psicoactivas. La organización sostiene que el consumo informado reduce los riesgos asociados a los psicoactivos y fomenta prácticas de autocuidado en las personas consumidoras no problemáticas.

En una entrevista en La W con Julián Quintero, sociólogo con maestría en Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología, director e investigador de la Corporación Acción Técnica Social y cofundador del proyecto Échele Cabeza, se abordó el impacto del decreto 2114 del 7 de diciembre de 2023.

Quintero explicó que este decreto cumple con una orden constitucional al derogar el decreto 1844 de 2018, que, según él, buscaba estar por encima de la constitución imponiendo sanciones administrativas.

Según Quintero, la evidencia disponible de la Secretaría del Gobierno, la Secretaría de Seguridad y el Ministerio del Interior indica que el decreto 1844 de 2018, en lugar de reducir el consumo, generó conflictos en zonas urbanas y deterioró las relaciones entre la fuerza pública y la población consumidora. En estos cuatro años, la aplicación de comparendos aumentó considerablemente, y el decreto se convirtió en un pretexto para la extorsión y la violencia policial hacia muchos jóvenes.

Esto tuvo un impacto negativo en la reputación de la fuerza pública y el peso de estos comparendos recayó principalmente en jóvenes de estratos 1, 2 y 3 en la ciudad de Bogotá, quienes actualmente enfrentan deudas significativas que limitan su movilidad social.

Uno de los argumentos en contra de la derogación del decreto es que la venta de la dosis mínima por parte de los traficantes podría aumentar. Ante esto, Quintero subrayó que estos argumentos se basan en supuestos morales influenciadas por la ideología de aquellos que se oponen al gobierno o que consideran que el cannabis es inherentemente perjudicial. Sin embargo, señaló que la fiscalía, hace siete meses, instó a la policía a no perseguir causas criminales por cantidades menores a la dosis mínima.

Con el nuevo decreto, Quintero espera que la policía demuestre su capacidad para enfrentar a grandes narcotraficantes y diferenciar entre distribuidores y consumidores.

Finalmente, opinó que el decreto de Duque debería haber sido derogado seis meses después de su implementación, ya que considera que fue un acto de desacato. Reconoce que la decisión siempre sería polémica, ya que implica una transición de un modelo de prohibición a un modelo de regulación.