Economía

Empresarios piden respetar vigencias futuras para proyectos de infraestructura

En medio del lío por la liquidación del Presupuesto General de la Nación, el Consejo Gremial expresó su preocupación por la incertidumbre generada por el decreto reglamentario del presupuesto.

Imagen de referencia de infraestructura. Foto: Getty Images.

Imagen de referencia de infraestructura. Foto: Getty Images. / Sean Justice

En medio del lío por la liquidación del Presupuesto General de la Nación de 2024, que tendría en vilo importantes obras de infraestructura del país, el Consejo Gremial, que reúne a los gremios empresariales más importantes del país, le pidió al Gobierno “reconsiderar la conformación del presupuesto y asegurar que esté acorde con la ley que lo aprobó, y que se asegure de respetar los compromisos adquiridos mediante el mecanismo de vigencias futuras”.

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Y es que la preocupación de los empresarios se da tras las declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien reconoció que el presidente Gustavo Petro les pidió priorizar algunas obras, que no tenían recursos, y que eso podría implicar “una renegociación de las vigencias futuras”.

Según expertos, esto estaría en contravía de lo que quedó aprobado en el Congreso.

Recordemos que el mecanismo de vigencias futuras permite al Estado comprometerse a atender obligaciones en periodos futuros más allá de las vigencias presupuestales durante las cuales se asumieron dichos compromisos. Son el mecanismo mediante el cual el Estado puede respaldar compromisos contractuales de aportar recursos, especialmente en los proyectos de infraestructura, que son normalmente de largo plazo.

“Generar la idea de que eventualmente estos compromisos no serán honrados, o pudieran ser sujetos de intentos de renegociación, causa inmensa incertidumbre a los desarrolladores y financiadores que en el pasado han tenido confianza en la seriedad del Estado para cumplir sus obligaciones”, resalta el comunicado del Consejo Gremial.

Asimismo, el conjunto de gremios destaca que esto genera pérdida de la confianza inversionista, que produciría riesgos en términos de calificación crediticia y “efectos muy negativos al momento de desarrollar nuevos proyectos o intentar adelantar trabajos público-privados”.

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