Supersociedades ordenó intervención de la Sociedad Comercializadora y Exportadora B.C.M.
La decisión se da por captación no autorizada de recursos del público por medio de operaciones no autorizadas.
Supersociedades. Foto: Superintendencia de Sociedades.(Thot)
La Superintendencia de Sociedades ordenó la intervención bajo la medida de toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la Sociedad C.I. Comercializadora y Exportadora B.C.M. SAS, por captación no autorizada de recursos del público por medio de operaciones no autorizadas.
Esto luego de identificar que la sociedad había asumido obligaciones con al menos 337 personas por más de $10.064 millones sin prever a cambio la entrega de un bien o la prestación de un servicio. La Supersociedades advirtió que dicho “valor que supera el 50% del patrimonio líquido de la sociedad, el que a corte 30 de junio de 2023 equivalía a la suma de $5.722.378.400, configurándose así los supuestos de captación”.
La sociedad prometía reconocer rentabilidades fijas de hasta el 25% sobre el valor entregado, en un máximo de 25 días hábiles desde el momento del registro de la transferencia. Para 2023, ese plazo fue extendido a 40 días hábiles para entregar el dinero o reinvertirlo.
Le puede interesar:
Así mismo, ordenó “la inmediata guarda de los bienes, libros y papeles de los intervenidos, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 9 del Decreto 4334 de 2008, para lo cual el juez fijará fecha de diligencia”, se lee en el documento.
Para este caso la Supersociedades designó como agente interventor a la auxiliar de justicia, Mónica Alexandra Macías Sánchez.
Dentro los hallazgos realizados, en primer momento por la Superintendencia Financiera y que fueron enviados a la Supersociedades, determinaron que los pagos que hizo la sociedad a las personas que entregaron sus recursos, no tienen justificación financiera razonable, cuando para 2021 el negocio generó pérdidas y para 2022 y 2023 los ingresos no eran suficientes para pagar las rentabilidades fijas que ofreció, capitalizó y pagó.
La Sociedad C.I. Comercializadora y Exportadora B.C.M. SAS realizó sus operaciones por medio de una línea de negocio desarrollada principalmente en los municipios de Turbo y Apartadó, en el Urabá antioqueño, para la supuesta comercialización de plátano, y la cual tenía como principio vincular a terceros “asociados” y/o “socio oculto”, mediante un supuesto “contrato de cuentas en participación”, para recibir los dineros de los suscriptores.
Por su parte, la Superintendencia Financiera, mediante la resolución 0823 del 23 de abril de 2024, le había ordenado a la sociedad suspender de manera inmediata las actividades de captación ilegal de dineros del público, al igual que realizar la devolución inmediata de los recursos captados de manera ilegal.
Cabe destacar que si bien la investigación oficial habla de 337 personas afectadas, conocidas por medio de denuncias, las indagaciones y el cruce de información apunta a que a septiembre de 2023 las obligaciones de la Sociedad C.I. Comercializadora y Exportadora B.C.M. SAS sumaban más de $194.843 millones, relacionadas con al menos 7.081 personas.
El documento emitido por la Supersociedades además resalta que “de acuerdo con la base de datos proporcionada por la sociedad, que contenía la relación de las personas que se han vinculado por la entrega de recursos, se pudo establecer que a septiembre de 2023, 7.534 personas habían entregado recursos, por un monto total de $ 201.840.310.228 y que el primer ingreso se efectuó el 25 de agosto de 2021 y el último el 25 de agosto de 2023″.
