Doña Segunda sobre cierre temporal del piqueteadero: “de aquí dependen 15 personas”

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció el viernes 21 de junio el cierre de 19 establecimientos comerciales en Bogotá por incumplimientos en la expedición de la factura electrónica . Entre los negocios afectados se encuentra el reconocido piqueteadero Doña Segunda, ubicado en el barrio 12 de Octubre.Durante una entrevista en La W, Doña Segunda, fundadora del piqueteadero, expresó su sorpresa y preocupación por el cierre .“Me parece absurdo que hayan hecho esto de un momento para otro. Ellos habían exigido unos documentos que ya fueron entregados hace mucho tiempo”, afirmó. Doña Segunda también destacó que en su negocio dependen económicamente entre 14 y 15 empleados , cuya estabilidad laboral se ve ahora comprometida .Según la DIAN, la medida se tomó debido a que el piqueteadero no cumple con la obligación de emitir facturas electrónicas , un requisito que aplica a todos los comercios, incluidos los restaurantes.Jennifer, hija de Doña Segunda, aclaró durante la entrevista que su establecimiento ha emitido facturas electrónicas desde 2020 y que los impuestos se pagan y se declaran conforme a la ley . Sin embargo, reconoció que hubo un fallo procedimental que llevó a la sanción actual.El cierre del piqueteadero no solo afecta a los empleados y a Doña Segunda, sino también a los clientes habituales que esperaban disfrutar de los platos tradicionales durante el fin de semana. Jennifer indicó que están trabajando para resolver los pendientes con la DIAN y planean enviar una notificación oficial a la prensa el lunes, detallando los pasos a seguir para subsanar la situación.Doña Segunda hizo un llamado a las autoridades para que reconsideren la medida y les permitan continuar operando mientras se resuelven los aspectos procedimentales .“Espero que me resuelvan este problema porque estoy pagando todos los impuestos y cumpliendo con lo que la ley ordena ”, enfatizó.El uso de la factura electrónica se ha convertido en una obligación legal para todos los comercios en Colombia, como parte de un esfuerzo por mejorar la transparencia y el control fiscal. Sin embargo, la implementación de este sistema ha generado desafíos para algunos pequeños y medianos negocios , que enfrentan dificultades técnicas y administrativas para cumplir con todos los requisitos .