Gaviria envió carta a la Corte Suprema y habló de “posturas de rebeldía” del Gobierno

El expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, envió una carta al presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, en la que lanzó duras críticas contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y aseguró que han desconocido las decisiones de los órganos constitucionales, en particular, las sentencias de la Corte Constitucional y las decisiones del Congreso sobre las reformas y tramitadas.

“A lo largo de estos dos años, el gobierno del presidente Petro ha incrementado sus posturas contrarias a la Constitución y al debido respeto a las instituciones democráticas”, dijo el expresidente en la misiva de siete páginas.

Según el expresidente Gaviria, en múltiples ocasiones, el gobierno de Petro ha ignorado o cumplido los fallos de la Corte. “El Gobierno ha desconocido los fallos de la Corte Constitucional y las decisiones ya aprobadas por comisiones Constitucionales del Congreso”, dijo.

De hecho, Gaviria denunció que, a pesar de que la Comisión Séptima del Senado rechazó la reforma al sistema de salud, el Gobierno ha irrespetado esa decisión. Y les señaló de incumplir el pago de deudas a las EPS, tal como lo ordenó la Corte Constitucional.

Por otro lado, criticó que el gobierno califique de “golpes blandos” las decisiones de la Corte y el Congreso que van en contravía del Gobierno: “La Corte ha declarado inexequibles distintas iniciativas del gobierno, este es un hecho absolutamente normal en un Estado de derecho y ha ocurrido con importantes medidas desde 1991″.

También se refirió a temas económicos y dijo que el presupuesto que presentó el Gobierno ante el Congreso no sigue los procedimientos establecidos en la Constitución. “Es imperioso rechazar de manera contundente las posturas de rebeldía de los ministros frente a la Corte Constitucional”, dijo.

Tan solo este 14 de agosto, la Corte Constitucional admitió una demanda en contra de la reforma pensional, presentada por la senadora Paloma Valencia, para tumbar la ley por presuntos vicios de trámite en el Congreso.