JEP citó al Gobierno a responder por derechos de las víctimas en Cauca y Valle del Cauca
Una audiencia de la Jurisdicción Especial reunirá a varias entidades del Ejecutivo para que rindan cuentas sobre la protección hacia las personas afectadas por el conflicto armado.
JEP imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Long Visual Press
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó al Gobierno Nacional a una audiencia pública para vigilar las medidas cautelares adoptadas para proteger a las víctimas del conflicto armado en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
Se trata de personas acreditadas para participar en el macrocaso 05, con el que la Jurisdicción investiga los crímenes perpetrados en el marco del conflicto en esa subregión del Pacífico. La diligencia pública se llevará a cabo el 10 y 11 de septiembre en Popayán, Cauca.
Para la Jurisdicción, en la región existe una “grave crisis de orden público” que ha empeorado en los últimos meses “debido a la presencia de múltiples actores armados en algunas zonas. Los colectivos étnicos del lugar enfrentan “un riesgo extraordinario” que pone en riesgo su vida.
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En concreto, la JEP se refirió a víctimas de diecisiete municipios priorizados en los que adoptó medidas cautelares individuales y colectivas para proteger a las víctimas con el fin de garantizar sus derechos, su participación ante la justicia transicional y su acceso al tribunal transicional.
A la audiencia fueron convocados los ministerios del Interior y de Defensa, así como la Unidad Nacional de Protección, la Oficina del Comisionado de Paz, la Gobernación del Cauca y la del Valle del Cauca. Cada autoridad deberá informar las medidas para proteger a la población “ante la grave vulneración de derechos humanos que sufren los civiles”.
El Ministerio de Educación, el de Salud, el de Ambiente y el de Agricultura también fueron citados. La Sala de Reconocimiento también llamó al Departamento Nacional de Planeación, la Unidad de Restitución de Tierras, el Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto de Bienestar Familiar y la Defensoría del Pueblo.
“Para la JEP, la situación de inseguridad que afecta al norte del Cauca y sur del Valle del Cauca exige acciones contundentes que permitan reducir, o en su defecto, minimizar el riesgo al que se enfrentan constantemente tanto el Pueblo Indígena como el Pueblo Negro y Afrocolombiano”, subrayó la Jurisdicción.
