Denuncian a la JEP tras demora de más de 2 años sin reconocer víctimas militares
Una de las organizaciones más importantes que defiende y asesora a estas víctimas anunció que acudirán ante la Procuraduría para que garantice los derechos de los miembros de la Fuerza Pública.
Cortesía: JEP.
La Corporación Mil Víctimas, que representa a militares y policías afectados por el accionar de las Farc, anunció que acudirá ante la Procuraduría a solicitar una intervención especial en el proceso de acreditación de militares ante el macrocaso número 10 (que investiga crímenes no amnistiables cometidos por las Farc), al denunciar una demora de dos años en el reconocimiento de cerca de 400 casos.
Todos estos casos están incluidos en el informe “Dolor, Superación y Gloria” que, señala la corporación, fue entregado en el 2022 recién abierto el macrocaso 10, con nombres y hechos victimizantes, sin que a la fecha la magistratura en cabeza de las jueces Julieta Lemaitre y Marcela Giraldo haya emitido respuesta satisfactoria.
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“Estamos tocando la puerta de la Procuraduría General de la Nación como defensor de todos los colombianos que haga una vigilancia especial frente a esta vulneración”, denunció Giovanna Ortega, directora de la Corporación Mil Víctimas.
Además, señalaron que algunas solicitudes de reconocimiento han sido negadas desconociendo criterios del DIH como el uso de métodos ilícitos de combate y al tiempo, la JEP está rechazando las peticiones de acreditación de algunos militares o sus familiares y no está ordenando que les nombren un abogado para que defienda sus derechos, entre ellos apelar el fallo adverso.
Este asunto fue puesto en conocimiento de la magistratura en la última Mesa Técnica que se llevó a cabo en las últimas horas, la cual fue instalada precisamente ante la preocupación de las víctimas militares por la falta de definición de sus casos. De hecho, este retraso llevó a que las declaraciones de excombatientes de las Farc que habían sido fijadas, fuesen aplazadas.
“Los militares, policías y sus familias víctimas del conflicto armado quedan desprotegidos por el sistema en la JEP, dado que no se le ordena al sistema Autónomo de Asesoría SAAD el nombramiento de un abogado para que ejerza sus derechos a la doble instancia al ser declarados no acreditados, dejándolos a la deriva dado que los militares, policías y sus familias víctimas en su mayoría, son personas que desconocen de derecho”, afirmó Giovanna Ortega.
W Radio contactó a la JEP para conocer su respuesta ante esta grave denuncia de demoras en el reconocimiento de los militares víctimas dentro del Caso 10, frente a lo cual respondieron que reconocen las demoras y la impaciencia de las víctimas pero este macrocaso no es el único que está recibiendo acreditaciones.
Según la magistratura, a la fecha 1.519 militares y civiles han sido reconocidos en peticiones de acreditación distintas a las elevadas por Mil Víctimas.
“...en todos los 11 macrocasos que investiga la JEP se siguen acreditando víctimas. Por ejemplo, en el caso 01, sobre secuestros, todavía hay personas que buscan participar y están en proceso de acreditación”, indicó la JEP.
Asimismo, frente a los casos donde ha habido rechazo para acceder al reconocimiento como víctima dentro de la JEP, desde la jurisdicción se afirmó que hay casos donde la persona busca ser acreditada, aunque se trata de un crimen “amistiable” y también, que no logra demostrar la responsabilidad de las Farc.
En relación con la no asignación de abogados a los militares víctimas que están buscando ser reconocidos dentro del caso 10, la JEP fue enfática en indicar que no puede garantizarlo porque sus “limitados” recursos permiten la sola designación de abogados a las personas acreditadas como víctimas.
Ante toda esta situación, desde la Corporación Mil Víctimas, quien obra en muchos de estos casos como organización asesora, se solicitó el avance pronto en el cumplimiento de los plazos para definir las acreditaciones y garantizar los derechos de los miembros de la Fuerza Pública, y que el acompañamiento de la Procuraduría pueda agilizar los tiempos.
Adicionalmente, desde la organización se puso en conocimiento del Ministerio de Defensa esta situación, con la intención de verificar si “han elaborado alguna estrategia para abordar esta problemática que afecta los derechos y niega el derecho al acceso a la verdad y la justicia de los miembros de la Fuerza Pública”.
