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ONU pidió fortalecer la presencia del Estado y de las autoridades en Nariño

La representante en Colombia del alto comisionado de la ONU para los DD. HH. señaló que aunque ve con buenos ojos los avances en los diálogos de paz territorial, es urgente proteger a la población civil.

Juliette de Rivero .Foto: ONU

Juliette de Rivero .Foto: ONU / Victor Huerfano

Desde Pasto (Nariño), la representante en Colombia del alto comisionado de la ONU para los DD. HH. Juliette de Rivero, pidió al Estado fortalecer la presencia y restablecer el orden en ese departamento afectado por la violencia armada.

Rivero se desplazó a esa región del país y sostuvo varios encuentros con las autoridades locales, en medio de una misión conjunta con el Ministerio del Interior, tras el homicidio del personero de Cumbitara, Jimmy Rosero.

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“Hemos venido por la preocupación sobre la situación de inseguridad extrema que se está viviendo en el departamento,  particularmente después del homicidio del personero de Cumbitara la semana pasada. Nos hemos reunido con el gobernador de Nariño, con la Fuerza Pública, y creemos que es urgente fortalecer la presencia del Estado y las autoridades locales en el departamento para que se restablezca el orden,  para que se den las garantías y la protección de derechos humanos en el departamento y en los municipios afectados por la violencia”, afirmó.

De Rivero señaló que ve con buenos ojos los diálogos de paz territorial, pero indicó que se debe extender la participación de la población civil.

“También hemos podido visitar Samaniego y saludamos los avances que hay en las discusiones y en los diálogos de paz territorial. Creemos que es importante ampliar la participación de la sociedad civil, de las comunidades, de autoridades indígenas y afros, para que participen también en la construcción de una paz duradera, sobre todo cuando afecta a sus territorios”, afirmó.

Distritos mineros

La representante en Colombia del alto comisionado de la ONU para los DD. HH., aseguró que el Gobierno de Gustavo de Petro, debe revisar los impactos ambientales y las repercusiones que se puedan generar frente a los derechos humanos.

“En lo que concierne a los distritos mineros es importante que el gobierno evalúe los impactos ambientales y en materia de derechos humanos y que consulte con los pueblos cuyos territorios podrían ser los lugares de estos distritos”, concluyó.

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