Fedesarrollo alerta sobre proyecto de autonomía regional: piden 30% de participación

En el marco de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que fue aprobada este 20 de noviembre en su penúltimo debate por la Comisión Primera de la Cámara, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, expresó su preocupación por los riesgos fiscales que podría generar este proyecto, impulsado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

La iniciativa busca redistribuir los recursos del presupuesto nacional para otorgar mayor autonomía financiera a las regiones, incrementando las transferencias del 23%, como funciona actualmente, al 39.5%, con vigencia a partir de 2027.

Según el ministro Cristo, este cambio es una respuesta al fracaso del modelo centralista que, en sus palabras, “no cumplió la Constitución de 1991″. Sin embargo, Mejía ha señalado en diversos escenarios que este incremento pone en riesgo la sostenibilidad fiscal del país.

“Naturalmente, estamos muy preocupados”, afirmó en los micrófonos de La W, pues “generaría un gasto adicional cercano al 2% del Producto Interno Bruto, equivalente a cerca de 33 billones de pesos anuales”.

Aunque el proyecto prevé que en un plazo de 12 meses el Gobierno presente una ley para definir las competencias adicionales de los municipios y departamentos, Mejía advirtió “no todas las entidades territoriales tienen la capacidad institucional para manejar los recursos eficientemente”.

El director de Fedesarrollo también dijo que la salida para mitigar el impacto fiscal es “ampliar el plazo de gradualidad de 12 a 15 años y reducir la participación propuesta a cerca del 30%”. Según Mejía, esta cifra no comprometería las finanzas públicas.

“Si bien políticamente es muy rentable este proyecto, la discusión desde el punto de vista de descentralización arranca al revés”, dijo, refiriéndose a la posible falta de un análisis técnico, pero los réditos políticos que se prevén para los congresistas.

Ahora, el proyecto ya fue aprobado en la Comisión Primera de la Cámara en su séptimo de ocho debates con 26 votos y ahora pasa a su última discusión en la plenaria. De ser promulgado, representará un cambio histórico en la distribución de los recursos nacionales, pero también un desafío para mantener la sostenibilidad fiscal del país.