Fiscalía imputa nuevos cargos a exministra del Deporte María Isabel Urrutia por corrupción
Al parecer, Urrutia habría direccionado un contrato por 4.950 millones de pesos, que tenía por objeto la implementación de un sistema de validación nacional para el ingreso a los estadios de fútbol.
María Isabel Urrutia. Foto: (Colprensa-Mariano Vimos)
La Fiscalía General de la Nación le imputó nuevos cargos a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, por nuevos hechos de corrupción en los que, al parecer, habría participado al direccionar un contrato por 4.950 millones de pesos.
Ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá con función de control de garantías, se realizó la imputación de cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documentos relacionados con el trámite precontractual.
Según la investigación de la Fiscalía, a través del Decreto 1622 del 5 de agosto de 2022 se ordenó al Ministerio del Deporte liderar el proceso de contratación para la implementación de un software denominado “Sistema de Validación Nacional”, que permitiera que el documento de identidad estuviera asociado a la boleta para ingresar al estadio.
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De esta manera, se buscaba hacer efectivas las restricciones del derecho de admisión en los estadios.
Precisamente, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia logró establecer que la exministra al parecer violó las normas de contratación y los parámetros definidos en el Decreto 1622, a través de los que se establecía que el proceso de escogencia del contratista debía garantizar la concurrencia de oferentes.
“No obstante, fue seleccionado de manera directa. La servidora pública, al parecer, buscó en dos oportunidades a intermediarios para adjudicarles el contrato; sin embargo, los condicionó a subcontratar a una particular con quien se había acordado desde el inicio del proceso que se quedaría con el proyecto”, explicó la Fiscalía.
Entre los elementos materiales probatorios que recopiló la Fiscalía se encuentra que la exministra habría desconocido las advertencias hechas en tres oportunidades por su equipo técnico y jurídico con relación a las maniobras ilegales desplegadas durante la contratación y “suscribió un convenio interadministrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022. Asimismo, se estableció que se incluyeron avales de funcionarios que no participaron en la estructuración de las condiciones y la selección del beneficiario”.
La exministra supuestamente no explicó las razones por las que contrató de manera directa y no convocó a una licitación pública.
Otro de los hallazgos de la Fiscalía fue que no se hicieron los estudios de mercado, tampoco se surtió el proceso para la formación del precio del contrato ni del valor de las actividades previstas, pero se fijó un costo que ascendió a 4.950 millones de pesos durante la etapa contractual.
