Procuraduría inhabilitó al exconcejal de Medellín Juan Carlos Upegui por ocho años
El exconcejal apelará la decisión.
Juan Carlos Upegui. Foto: EFE. / Luis Eduardo Noriega A. (EFE)
La Procuraduría General de la Nación inhabilitó al exconcejal de Medellín, Juan Carlos Upegui, para ocupar cargos públicos durante los próximos ocho años. La decisión, que se conoció este lunes 25 de noviembre, ha sido catalogada por el político como una persecución orquestada por la procuradora Margarita Cabello.
En su cuenta de X (antes Twitter), Upegui, integrante del movimiento Independientes y cercano al exalcalde Daniel Quintero, señaló al uribismo de influir en el fallo de la Procuraduría. Asimismo, anunció que apelará esta decisión en primera instancia.
“La Procuraduría me acaba de inhabilitar por 8 años para ejercer cargos públicos por ser hijo de un profesor. Nunca se había producido un fallo así. El uribismo usa esta entidad como arma política para eliminar a sus adversarios. Apelaremos la decisión y seguiremos luchando para recuperar los derechos políticos”, expresó el exsecretario de la No Violencia.
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La sanción contra Upegui se relaciona con una presunta inhabilidad para participar en las elecciones de 2022, debido a que su padre, Carlos Alberto Upegui, ocupaba en ese momento el cargo de rector en una institución educativa pública. Este mismo caso ya había llevado al Consejo de Estado a destituirlo previamente.
El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, jefe político de Upegui, también rechazó la decisión de la Procuraduría. “Absurdo lo que hace la Procuraduría de Cabello. No les bastó con dejar a Medellín sin el jefe de la oposición. Su objetivo es la eliminación. ¡Resistiremos y venceremos!”, manifestó Quintero.
La sanción ha desatado un intenso debate sobre la presunta politización de la Procuraduría. Desde el movimiento Independientes consideran que estas decisiones buscan debilitar a figuras críticas del gobierno nacional y eliminar opositores mediante procesos administrativos.
Mientras avanza la apelación anunciada por Upegui, el fallo ha reavivado el debate sobre la imparcialidad de los órganos de control y su posible uso como herramientas de persecución política.
