Caso UNGRD: Sandra Ortiz salpicó a Laura Sarabia y dijo que hay un “complot” en su contra

En medio del escándalo por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, salpicó a Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Ortiz afirmó que Sarabia tenía conocimiento de las irregularidades en el millonario contrato de los carrotanques destinados a La Guajira y la acusó de estar detrás de un “complot” en su contra.

Durante una audiencia ante la juez tercera penal del circuito con función de control de garantías de Bogotá, Ortiz declaró que en una ocasión advirtió a Sarabia sobre graves anomalías en los procesos de contratación. Además, negó las acusaciones que la señalan como intermediaria en la entrega de $ 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, como parte del esquema de corrupción.

“La persona que tiene mucho poder en la Presidencia es una mujer y me preocupa mi seguridad y la de mis hijas. Fue ella quien armó este complot”, aseguró Ortiz, en referencia a Sarabia. Según Ortiz, las pruebas que la Fiscalía presenta en su contra son parte de un intento por encontrar un “chivo expiatorio” en el caso.

Así lo expresó Ortiz: “Ese show que armaron en Presidencia durante más de dos semanas, en todo el país y en todos los medios de comunicación, esos temas mediáticos, eso fue un complot y una mentira contra mí. Yo sé que querían un chivo expiatorio porque sí hubo corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo y en muchos funcionarios implicados”.

La decisión judicial

La jueza ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Sandra Ortiz, enviándola a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, al considerar que podría obstruir la investigación o influir en los testigos. No obstante, la defensa solicitó que la exconsejera sea recluida en una guarnición militar por razones de seguridad. La juez deberá decidir si modifica la orden inicial o mantiene la medida en el penal.

Por su parte, la Fiscalía argumentó que existen pruebas suficientes para inferir la participación de Ortiz en el acuerdo ilegal que habría favorecido al senador Iván Name. Los fiscales destacaron conversaciones y registros que, según ellos, demuestran el papel de Ortiz como intermediaria para garantizar la entrega de los recursos.

Temor por su seguridad

Sandra Ortiz manifestó temer por su vida y la de su familia, asegurando que la situación ha sido manipulada para incriminarla. “Tengo la trazabilidad de los correos y computadores donde no se perdió nada. Lo que se está armando es un show mediático”, afirmó la exfuncionaria.

Mientras se resuelve su lugar de reclusión, Ortiz pasará su primera Navidad privada de la libertad, en medio de un proceso judicial que sigue destapando las irregularidades en la UNGRD y el cual compromete a altos funcionarios del Gobierno y el Congreso.

Sandra Ortiz fue enviada a la cárcel

La juez tercera penal municipal con función de control de garantías de Bogotá envió a la cárcel a la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, por su presunta participación en el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La juez tomó la determinación de enviar a Sandra Ortiz a la cárcel El Buen Pastor.

Según la juez, existe inferencia razonable de autoría o participación en la comisión de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias que le imputó la Fiscalía General de la Nación (es decir, que existe una alta probabilidad de que Ortiz hubiese cometido dichos delitos).

Los interrogatorios a Olmedo López y Sneyder Pinilla, los chats, los datos de georreferenciación, los videos, la libreta de apuntes, los testimonios de los escoltas de la exconsejera presidencial, al igual que las declaraciones juramentadas del escolta de Pinilla, son algunos de los elementos materiales probatorios que presentó la Fiscalía y que, según la juez, fueron contundentes para imponer la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

De esta manera, Ortiz se convierte en la primera mujer judicializada dentro de este escándalo de corrupción que se destapó en este año y que ya tiene a siete personas procesadas (Sneyder Pinilla, Olmedo López, Luis Eduardo López, conocido como ‘el Pastuso’, Luis Carlos Barreto Gantiva, Pedro Rodríguez Melo, Édgar Riveros Rey – abogado).

Según la Fiscalía, la exconsejera presidencial habría transportado en su camioneta asignada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) la maleta con 3.000 millones de pesos que finalmente fue entregada al expresidente del Senado, Iván Name, en su residencia ubicada en cercanías al centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá.

Pruebas que destapó la Fiscalía contra Sandra Ortiz

El interrogatorio que rindió Olmedo López, uno de los protagonistas del saqueo, fue clave en medio de la investigación que hoy tiene a la Fiscalía pidiendo una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra Ortiz.

Igualmente, las conversaciones de WhatsApp, los videos y los datos de georreferenciación fueron determinantes en el proceso contra Ortiz.

La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, también reveló apartes del interrogatorio de López donde señaló directamente a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y al senador Iván Name.

Precisamente, Patiño mostró ante la juez de Control de Garantías que el 21 de septiembre de 2023 se realizó una reunión en la Casa de Nariño entre el entonces director de la UNGRD y Sandra Ortiz.

Olmedo López dijo que durante esa corta conversación se pactó la entrega de los contratos de la UNGRD para beneficiar al senador Iván Name y, supuestamente, se ordenó la desviación del contrato del departamento de Atlántico que tenía un valor de 11 mil millones de pesos.

“Manifiesta que ella (Sandra Ortiz) insistió en una adhesión presupuestal a un contrato desarrollado en el Atlántico que era de senador Name”, explicó la fiscal Patiño en medio de la audiencia.

López también salpicó al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, al señalar que supuestamente ordenó la entrega de 3.000 millones de pesos al congresista Iván Name.

“Era el equivalente a una contratación que inicialmente se había pedido por 60.000 millones de pesos para el senador Name que se cambiaban por 3.000 millones de pesos”, afirmó la fiscal que dijo que Ortiz fue “la mensajera”, es decir, quien se encargó de entregar el dinero.

En medio de la intervención de la fiscal, Patiño señaló que el dinero que fue entregado al expresidente del Senado se iba a utilizar para financiar la campaña política de María Clara Name (hija de Iván Name) al Concejo de Bogotá.