Exdirectivo de Drummond confiesa presencia de paramilitares dentro de la mina desde 1999

A pesar de que el caso que tiene al presidente y al expresidente de Drummond ante los estrados judiciales por presunta financiación a paramilitares ha girado en torno a los testimonios ya conocidos de Jaime Blanco y Jairo Charris y varios exparamilitares, nuevos declarantes tomaron la decisión de entregar su testimonio, el cual podrían complicar la situación de esa multinacional ante la justicia, uno de ellos es un propio exdirectivo.

La W tuvo acceso a las declaraciones rendidas ante la Fiscalía y la JEP por Wilver Aguirre Díaz, excoordinador de seguridad de la mina La Loma de Drummond en el Cesar, quien en declaración bajo juramento dio fe de la presencia de paramilitares dentro del complejo minero desde 1999 y también dio a conocer un episodio que pondría en aprietos a Edgar Ruiz, actual vicepresidente de seguridad de Drummond, viejo amigo del declarante, y quien era coordinador de puerto en Santa Marta en los noventas.

Wilver Aguirre se convirtió en testigo dentro del proceso contra los exdirectivos por concierto para delinquir y se “destapó” en diligencia reservada ante la Fiscalía y tocó la puerta de la JEP, luego de trabajar 30 años en Drummond y no haber hablado nunca del tema previamente.

El testigo ingresó a Drummond en 1990 como escolta directo del presidente en Colombia, Augusto Jiménez, y fue escalando. Para el momento de los hechos era supervisor de una de las minas y llegó a ser coordinador de seguridad por 7 años como se indicó. Aguirre, ya fuera de la compañía, decidió hablar ante la justicia.

De entrada, indicó ser testigo directo de la presencia de paramilitares en las instalaciones del complejo minero de La Loma, el cual está compuesto por varias minas. En concreto afirmó que notó la presencia de estos hombres armados de civil en las minas Pribbenow, El Descanso, así como en la zona de “load out” donde se ubican los trenes y en retenes.

Pero, así como es grave la mención a estas personas dentro de la mina sin ningún tipo de persecución, también lo es que según Aguirre, informó al general (r) Rafael Peña Ríos, gerente de seguridad de Drummond, sobre la presencia de estas personas, recibiendo la orden de dejarlos quietos para evitar problemas.

“Yo tuve la oportunidad de encontrarme varias veces con ellos, básicamente en el sector de Load Out, donde salían los trenes, ellos hacían mucha presencia en esa zona. El general Peña me dio la orden desde el comienzo de que no tuviera contacto con esa gente, podría traerme problemas a futuro. Realmente ni uno se metía con ellos ni ellos con uno”, aseguró bajo juramento ante la Fiscalía.

El exdirectivo de seguridad de Drummond asimismo afirmó que, en ese contexto de difícil situación de orden público en la zona, los miembros de grupos de las Autodefensas se transportaban en camionetas por lo general marca Toyota dentro de las instalaciones de la minera, autorizados para moverse dentro del complejo empresarial.

“Ellos entraban autorizados, no era que se colaban. Ellos entraban y salían porque ellos tenían digamos esa autorización digamos entre comillas. No es que les dieran una autorización, puede seguir, no, así no era (...) como esto fue una cosa ilegal esto no es tan de sí o no”, afirmó ante la justicia.

En su comprometedor relato, Aguirre detalló que no solamente los paramilitares habrían tenido ingreso a la mina (y supuestamente la posibilidad de tanquear sus carros); el exdirectivo de seguridad y antiguo empleado de Drummond por más de 30 años, testificó ante la Fiscalía un episodio que compromete al hoy vicepresidente de seguridad en Colombia de la multinacional, Edgar Ruiz, y a uno de los pilotos de la minera en 1995: Miguel Gnecco Plá, quien hoy sigue volando helicópteros y reside en Estados Unidos.

En su declaración ante la Fiscalía y también ante la JEP, en poder de W Radio, Wilber Aguirre Díaz relató que debido a su amistad con el piloto Miguel Gnecco Plá (de quien fuentes cercanas aseguraron que no ha querido testificar por temor) recibió de Edgar Ruiz en su condición de coordinador de seguridad de Puerto en Santa Marta, la orden de realizar un vuelo en helicóptero con dirección a la Sierra Nevada, con el fin de llevar armas y dinero al jefe exparamilitar y hoy gestor de paz, Hernán Giraldo Serna, el “taladro”.

“Como Miguel Gnecco él ha sido muy amigo mío, él quería desahogarse y me comentó, a mí me pasó esto en 1995. Edgar me propuso llevar unas tulas con armas para entregarle a Hernán Giraldo. Yo le pregunté: ¿usted las llevó? y me dijo, no quise, yo en ese momento estaba muy amigo de Edgar Ruiz, entonces me quedé callado”, dijo bajo juramento.

El testigo le contó a la Fiscalía que la negativa de Gnecco Plá a cumplir dicha orden presuntamente derivó en su salida de la compañía meses después (efectivamente Drummond confirmó que salió de la empresa en 1996).

Además, afirmó que Gnecco Plá también contó de estos hechos a otro piloto llamado Juan Carlos Paipilla para que quedara un testigo más como un “seguro”. Paipilla, según lo que pudo establecer W Radio, ya no trabaja en Drummond y demandó su despido de la compañía.

Esta información, indica el exsupervisor de seguridad Aguirre, se la puso en conocimiento en una conversación posterior a Edgar Ruiz, quien de acuerdo con lo que detalló el testigo, abrió los ojos con sorpresa y le pidió que se quedara callado y no fuese a contar nada, completamente pálido. Según Aguirre, Ruiz es muy amigo suyo, independientemente de lo que decidió declarar ante la justicia.

“Me quedé callado para luego tener la oportunidad de hablar con Edgar Ruiz, y efectivamente unos meses después, cuando va Edgar a la mina, que era muy amigo mío, le digo, Edgar mira, el piloto me confesó esto, que usted le dijo que llevara unas tulas con armamento para Hernán Giraldo en la Sierra. Él se asustó, se puso pálido, y me dijo Wilber no comente eso, quédese callado, que usted no sabe nada. Eso fue entre el año 95 y el año 96″, afirmó bajo juramento.

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Frente a uno de los casos clave que ha tenido en aprietos a la multinacional estos últimos 20 años, el asesinato de los presidentes del sindicato, Valmore Locarno y Víctor Orcasita, el excoordinador de seguridad de la mina de Drummond le contó a la justicia que tuvo en 2001 un encuentro con Jaime Blanco, con quien hablaba frecuentemente, en el cual este le anticipó lo que vendría contra Sintramienergética, por orden del jefe de seguridad de Drummond, James Atkins.

El sindicato estaba siendo relacionado con la guerrilla, había adelantando fuertes protestas haciendo exigencias laborales y denunciando inconformidades particularmente por ejemplo en el tema de alimentación.

De acuerdo con Aguirre una semana antes, apróximadamente, del asesinato de los líderes sindicales Valmore Locarno y Víctor Orcasita, se encontró a Jaime Blanco en el baño del casino, donde operaba frecuentemente Blanco Maya, y allí este le dejó entrever que se venían “acciones” contra el sindicato. Días después paramilitares los mataron, bajándolos del bus en el que exactamente iban porque tenían la información exacta.

“Le dije Jaime la situación está muy crítica con esta gente de la guerrilla y del sindicato porque estaban haciendo muchos paros, estaban devolviendo mucho la comida, había mucho conflicto, entonces él me dijo: eso se acaba eliminando a uno de esos sindicalistas o a varios, yo le dije: no se meta con eso, y me dijo eso será un alboroto de 15 días y ahí se acaba la cosa (...) el me dijo, de todas formas el gringo, Atkins, dio la orden” señaló ante la justicia.

El otro testigo bajo juramento que detalló la presencia de paramilitares en la mina

Pero el testimonio inédito del exdirectivo de seguridad Wilver Aguirre, quien es el primer ex ejecutivo que declara en contra de la posición que ha mantenido la empresa dentro del proceso, no es el único que apunta hacia la posible presencia de miembros de grupos paramilitares dentro de las instalaciones de la mina de Drummond en La Loma (Cesar) patrullando y vigilando desde finales de los noventas.

En una declaración nunca antes hecha y desde el exilio, el extrabajador y líder sindical de Sintramienergética, Juan Carlos Quintero, quien laboró en Drummond entre 1996 y 2001, y tuvo que irse del país por amenazas, accedió a dar su testimonio ante la Fiscalía bajo juramento.

Quintero le contó a la justicia en declaración juramentada que como exintegrante del grupo de almacén y tanqueo de combustible de Drummond, veía a estos miembros de las Autodefensas armados y de civil, e incluso tanqueaban sus camionetas dentro de la mina con órdenes de servicio dadas por servicios generales de Drummond o, amparadas en las siglas CO7 del Ejército. Añadió que no se identificaban con ninguna insignia de las AUC y operaban de civil camuflados.

“Cuando andaban patrullando, sí ya eran como 8, 10, 12. Allá en el lugar donde tanqueábamos no llegaban si al caso 4, o de pronto llegaba un vehículo con 3 o 4 y al ratico llegaba otro con 3 o 4 (...) Nosotros nos dábamos cuenta del suministro de combustible a grupos armados al margen de la ley, específicamente a los paracos, ellos llegaban allá, nosotros suministrábamos combustible, a veces llegaban con una orden, a veces llegaban sin orden. Pero cuando llegaban sin la orden llegaba un supervisor de los de servicios especiales, o de seguridad, los exmilitares, y nos firmaban la orden. A veces llegaban Autodefensas con la orden CO7″, dijo bajo juramento.

Asimismo añadió: “Estos ojos lo vieron. Vea, estos ojos y otros compañeros vieron la presencia de miembros de las Autodefensas de civil, porque nunca hemos podido decir que los vimos de brazalete. Inclusive, pernoctaban ahí en el mismo casino, eso lo puede decir Jaime Blanco que supuestamente está diciendo la verdad”, dijo textualmente el testigo a la Fiscalía.

El ex trabajador de Drummond además le contó a la Fiscalía que presuntamente por orden del hoy gerente de Drummond, Alfredo Araújo Castro (investigado por este entramado), el sindicato fue infiltrado con un agente del DAS (un método llamativamente similar que habría ocurrido en Drummond como se dio con la USO y Ecopetrol).

“Le decíamos el cachaco (al agente infiltrado), buen compañero, nosotros lo recibimos bien. Nosotros sí lo veíamos que hacía muchas preguntas, que por qué no viene Valmore, porque era de esos así mosquita muerta pero no sabíamos quién era. Esa información la recibí de un agente del DAS que yo me hice amigo de hace años. Después una vez me dijo ojo Quintero que allá trabaja ese man, se lo metieron allá infiltrado por Alfredo Araújo, y me dio toda la información del compañero”, testificó Quintero desde Estados Unidos.

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Continuando con la declaración del testigo, este le contó a la Fiscalía de reuniones en la zona del hangar de aviación entre James Atkins y Jaime Blanco Maya con presencia de estos “paracos” vestidos de civil.

Incluso, afirma, uno de ellos se le acercó a preguntarle qué hacía ahí, ya que había llegado a ese sitio reservado a tanquear una de las aeronaves que se encontraban estacionadas. Indicó que era un lugar privado con poco acceso a trabajadores pero al que él podía entrar como tanqueador.

En relación con los homicidios de Valmore Locarno, Víctor Orcasita y Cándido Méndez, Juan Carlos Quintero aseguró que era vox pópuli que los iban a matar. En el caso de Méndez afirmó que lo asesinaron porque era uno de los líderes más “revoltosos” quien hacía exigencias y protestaba, de acuerdo con su versión, por el beneficio de los trabajadores:

“Cándido Méndez era como dicen, revuelve aguas, revoltoso, ese fue el primero. Entonces ellos dijeron vamos a matar a este para ver. Mataron a Cándido y eso hizo que nosotros siguiéramos en esa línea de protestar y exigir por nuestros derechos, porque es que en ese tiempo había mucho abuso, a raíz de eso se creó el Comité Paritario por los abusos y estaba habiendo mucho accidente, protestábamos y a ellos no les gustaba (...) Valmore se paraba en la raya por los derechos de los trabajadores”, dijo bajo juramento.

En concreto sobre los asesinatos de Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita en marzo del 2001, el testigo rememoró que era sabido por todos que a Valmore lo iban a matar y de hecho por eso no volvió a la mina por un tiempo de cerca de tres semanas, pero ya cuando se iba a completar un mes retornó y a su vuelta, preciso, no pasó ni una semana cuando lo mataron junto a Orcasita el 12 de marzo del 2001.

Quintero le dijo a la Fiscalía que la situación para los trabajadores sindicalizados era tan crítica que por su propia seguridad no esperaban en solitario los buses sino en grupos de 10 o 15 personas. Afirmó también que el día de los hechos, los paramilitares sabían exactamente en cuál bus iban los dos líderes sindicales, al cual incluso él se iba a subir, pero le encontraron cupo en uno más adelante.

Encontró sospechoso que vio por la ventana a una camioneta Ford de color azul con varios hombres en el platón que los persiguió por un buen tiempo, luego al presuntamente notar que ese no era el bus los dejó, y posteriormente se supo que a Locarno y a Orcasita los habían bajado del otro bus y los habían matado. La camioneta en la que iban los paramilitares, según ha documentado la justicia, era una Ford traslúcida.

El testigo además contó que le entregó a la Fiscalía información sobre dicha camioneta así como de lo que estaba pasando, directamente en el búnker, todo esto ante una Fiscal de Derechos Humanos y de forma anónima, sin atreverse a firmar documento alguno, pero nunca sucedió nada.

Tampoco pasó nada, asegura, cuando fue el único trabajador miembro del sindicato que, luego de la muerte de Valmore Locarno y Víctor Orcasita tomó la palabra en una reunión en el Campo de Mantenimiento de la mina (debido al plan tortuga que habían iniciado como protesta), para denunciar ante Walt Reed, gerente de la mina, y Pedro Maya (directivo salpicado), la evidente presencia comprobada de paramilitares de civil hostigándolos, vigilándolos dentro de la mina, así como asesinándolos.

“El señor Reed nos reunió ahí y nos dijo que quería saber por qué teníamos esa actitud. Primero que todo le dije a Pedro Maya de recursos humanos que era bilingüe, le dije que le dijera exactamente que la decisión que habíamos tomado era porque nosotros teníamos conocimiento y nuestros ojos lo habían visto, que tanto en el casino, en áreas aledañas y dentro de la mina había grupos armados al margen de la ley”, dijo Quintero ante la Fiscalía.

Según el exlíder sindical luego de esa denuncia, como se mencionó, no pasó absolutamente nada y al contrario le costó el exilio, puesto que comenzaron las amenazas en su contra y lo estaban buscando para matarlo por lo que no pudo volver tampoco a la mina Drummond. “Salí huyendo de Colombia primero a El Salvador, después a Costa Rica, luego llegué a Estados Unidos y con tres niños, porque yo salí con mis tres hijos y mi esposa”.

El testigo le dijo a la Fiscalía que no tiene duda del conocimiento que tuvieron que tener los directivos de la Drummond sobre lo que estaba pasando y su eventual colaboración con las Auc, no sólo por la presunta financiación por medio del contrato de Jaime Blanco (muy cercano a Alfredo Araújo que hasta tenían “la oficina al lado”) a los paramilitares, sino porque apenas hizo la denuncia ante Walt Reed comenzó la persecución en su contra que lo llevó al exilio, en una clara filtración de información.

“Más demoré yo en hacerle esa denuncia cuando ya me estaban buscando para matarme, me hicieron varias persecuciones, andaban siguiéndome y estaba la orden que tenían que salir de mí rápido. Ya había orden en la calle. La denuncia fue en el 2001 apenas mataron a los compañeros de la mina. Yo dejé de ir a la mina”, aseguró bajo juramento.

W Radio consultó a Drummond para conocer su posición ante esas dos nuevas declaraciones que complicarían el proceso penal que afrontan su actual presidente y su expresidente, así como las sindicaciones contra Alfredo Araújo o Edgar Ruiz, altos ejecutivos de la compañía actualmente.

Drummond en primer orden aseguró que desde su perspectiva, no queda claro que las personas que estaban armadas y de civil se tratase de miembros de grupos paramilitares, puesto que no tenían ningún brazalete o logo, y que en lo concerniente a los tanqueos de gasolina estas personas de civil podrían ser miembros del Ejército ya que llegaban con órdenes del Comando Operativo 7.

En ese mismo punto afirmó que ningún grupo de seguridad en la minera ha operado vestido de civil; en cambio, el departamento interno siempre ha estado uniformado, así como las empresas externas que prestaron seguridad por esos años, por lo cual desconocieron la presencia de hombres de civil armados dentro de la mina.

Además afirmaron que estas declaraciones serían un ataque de este exdirectivo y el extrabajador Quintero por animadversión contra la compañía debido a que fueron despedidos en su momento. Adicional indicaron que Quintero en razón de su cargo no habría podido conocer cosas como las que mencionó.

Según la multinacional, estas declaraciones se acompasan con un supuesto complot de abogados en Estados Unidos y en Colombia quienes han sobornado personas para que declaren contra la compañía.

El caso continúa en mora judicial entre aplazamientos, demora en declaraciones y controvertidas recusaciones

Frente a todo lo anterior y a pesar de todas estas graves declaraciones realizadas por importante exdirectivo que trabajó por más de 30 años en Drummond, y uno de los líderes sindicales que tuvo que irse del país por amenazas tras denunciar lo que estaba ocurriendo, lo cierto es que el proceso sigue sin avanzar en la justicia.

W Radio pudo conocer que aunque el llamado a juicio contra José Miguel Linares y Augusto Jiménez por presunto concierto para delinquir fue realizado en 2020 y quedó en firme el año pasado, ya van dos aplazamientos a la audiencia preparatoria de juicio contra estos ejecutivos, por parte del Juzgado 11 OIT de Bogotá, uno de ellos simplemente porque la JEP pidió información del proceso.

Además en medio de todo esto, la propia defensa del presidente y el expresidente de Drummond recusaron a la juez del Juzgado 11 OIT, sin motivaciones suficientemente claras según el Tribunal Superior de Bogotá. Simplemente, considerando que había prejuzgado en el auto mediante el cual la juez avocó conocimiento del caso, donde solamente hacía un resumen de los hechos y no valoraciones.

Por otra parte, por el lado de la Fiscalía, el panorama no es para nada mejor. A la fecha, luego del llamado a juicio apenas han sido tomadas 8 declaraciones dentro del proceso, y ni siquiera se ha interrogado a James Lee Atkins, quien está fuera del país. Atkins no aparece ni se sabe dónde está para que declare y de hecho se ordenó su captura para esos fines, pero sí tiene abogado dentro del proceso.

Estas nuevas declaraciones son cruciales para que se determine si son procesados más directivos y exdirectivos de la multinacional o son sacados de cualquier responsabilidad.

Toda esta situación tiene en suma preocupación sobre todo a la representación de víctimas, donde por ejemplo actúa la Comisión Colombiana de Juristas que acompaña a varios de los familiares de los líderes sindicales asesinados. Lo cierto es que ya va para 4 años el juicio en contra de los exdirectivos pero no se nota ningún avance, al contrario una llamativa lentitud, se suspenden las audiencias por cualquier motivo y las declaraciones en la Fiscalía no avanzan a buen ritmo.

Lea aquí la respuesta completa de la minera Drummond a estas graves declaraciones: