Hallazgos en la empresa Air-e incluyen presuntas irregularidades operativas y contractuales
La interventoría de la empresa de energía reveló los hallazgos del primer informe presentado a la Superintendencia de Servicios Públicos sobre la entidad.
Agente especial de Air-e, Edwin Palma. Foto: Captura, empresa de energía, Air-e.
Barranquilla
Este miércoles 8 de enero, se conocieron los hallazgos de la interventoría de la empresa de energía, Air-e, que fueron presentados en el primer informe entregado a la Superintendencia de Servicios Públicos.
En el documento mencionaron irregularidades operativas, laborales y en contratos con proveedores, así como contratos de energía incumplidos, desorden en la contabilidad y en la contratación con terceros, y racionamientos de energía informados como “mantenimientos”.
De acuerdo con el agente especial de Air-e, Edwin Palma evidenciaron una baja ejecución del plan de inversiones, pérdidas de recursos destinados a la normalización eléctrica y deterioro en la calidad del servicio.
Sobre la situación contable y financiera, concluyeron que la empresa enfrenta un deterioro patrimonial severo, reflejado en pérdidas acumuladas y un desbalance financiero significativo.
“Las obligaciones causadas han sido valoradas inicialmente en la suma de $1.9 billones, sobre todo por el reiterado incumplimiento de sus obligaciones de pago”, detalló la interventoría a través de un comunicado.
Desde la empresa también señalaron que, para el tercer trimestre del año 2024 se presentó un incremento en la exposición en bolsa “debido al incumplimiento de los contratos de compra de energía por parte de Air-e, lo que la llevó a reducir su cobertura en contratos en un 50%”.
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La anterior situación, produjo que, por cuarto año consecutivo, el resultado financiero acumulado no generara utilidad, evidenciando incapacidad para producir los recursos necesarios que lograr garantizar la operación de la compañía.
Por otro lado, el informe detalló que existe un sinnúmero de acciones legales contra la empresa, procesos ejecutivos que se encuentran suspendidos por la intervención por un monto de $69.325 millones e intereses moratorios acumulados por la demora en los giros de impuestos Distritales.
En lo que tiene que ver con los problemas financieros, “se encontraron procesos de limitación de suministro en curso por el retraso en el pago de obligaciones” a agentes del mercado eléctrico.
Igualmente, señalaron incumplimientos en el Plan de Inversiones aprobado por la CREG para las vigencias 2023 y 2024, que, según la interventoría, impacta negativamente el reconocimiento tarifario, imposibilita el reconocimiento de las pérdidas reales en el componente de pérdidas y suspende el reconocimiento del plan de pérdidas para el año 2025.
“Esto significa un grave riesgo para el cumplimiento en este plan, ya que, al no llegar a las metas de pérdidas fijadas durante dos años consecutivos, implicaría que la empresa tenga que devolver el dinero recibido a través de la tarifa para realizar actividades encaminadas a disminuir las pérdidas de energía en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico, suma que ronda los 400 mil millones de pesos”, afirmaron.
En el comunicado de la empresa, se mencionó otro hallazgo relacionado con contratos en los que la compañía se comprometió a generar energía y que no cumplió, lo que derivó consecuencias económicas y jurídicas.
Sobre los racionamientos de energía anunciados como “mantenimientos”, la agencia especial aseguró que, se encontró una solicitud de interrupciones programadas para un listado de circuitos determinado, que careció de justificación técnica y, por el contrario, “era informado a los usuarios como mantenimientos y lavados en las redes de media tensión”.
“Este fenómeno presentó múltiples implicaciones en la calidad del servicio de energía. Injustamente, los usuarios experimentaron cortes en el suministro energético con una falsa información previa, lo que generó inconformidades y afectó la confianza en el sistema eléctrico”, dijo Palma.
