Procuraduría pide a la Corte restaurar "orden constitucional" en salud y evitar "desastre"

En un documento de 24 páginas suscrito por la procuradora delegada Diana Margarita Ojeda y dirigido al magistrado José Fernando Reyes, el ente de control le pidió a la Corte Constitucional que evalúe la declaratoria de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en salud, tras lo que considera, un “agravamiento” de la crisis que afronta el sistema producto, entre otras cosas, por el aumento del 5.36% en la UPC para el 2025.

Además, le solicitó al alto tribunal intervenir frente a este aumento que llamó “exiguo” y “antitécnico”. La delegada del ente de control señaló que el incremento del 5.36% solamente agrava más la situación financiera del sistema, y acusó esa decisión de tener motivaciones políticas y no técnicas.

“La Procuraduría destaca que la decisión de incremento del valor de la UPC para 2025 no corresponde a una decisión técnica, sino política y en tal sentido, en representación de la sociedad, solicita a la H. Corte Constitucional, adoptar las medidas orientadas a restablecer el orden constitucional y los derechos de los colombianos” señala el informe.

Dentro de los otros argumentos que esgrimió el ministerio público para pedir la intervención de la magistratura se encuentra la “indebida motivación” del ministerio en la fijación de la UPC acudiendo, según la procuradora Ojeda, a temas de hace 15 años atrás (como la sanción de la SIC a ACEMI en 2011 por haber “cruzado información tendiente a incidir en la fijación de precios”), informes de la Contraloría que han sido desmentidos, o supuesta opacidad en la información que han entregado las EPS, sin exponer los criterios para llegar a esa conclusión.

“Es de destacar por parte del Ministerio Público, que no se encuentran registrados en el acto administrativo los criterios que le permiten al Ministerio de Salud y Protección Social señalar que “la información disponible es de baja calidad y que los datos disponibles no son confiables”, se lee en el documento.

Asimismo, en el escrito, la procuradora Ojeda señaló al ministerio de salud de causar la profundización de la crisis del sistema debido a la dilación en desembolso de recursos, e impagos, así como “exiguos” aumentos en la UPC para los años 2023 y 2024, algo que afirma, han venido advirtiendo a la cartera de salud sin tener su atención.

También cuestionó que la resolución que fijó el aumento de la UPC nunca fue publicada previamente para observaciones antes de cobrar vigencia y, asegura que se desatendieron las peticiones de las organizaciones de pacientes y de prestadores del servicio quienes siempre plantearon un incremento del 17%.

Adicionalmente, la delegada del ente de control le pidió al magistrado Reyes Cuartas y a la Corte Constitucional en general, que se dé inicio a un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, previo análisis de la Corte, por incumplimientos a la tutela 760 del 2008 con la cual se busca un mejoramiento del sistema de salud, lo cual a su juicio no ha ocurrido y al contrario han aumentado las quejas y tutelas.

Es más, a juicio de la Procuraduría, el ministerio de salud está “desafiando” las órdenes de la Corte Constitucional.