¿Cuánto debe ganar una persona para ser considerada clase media o alta en Colombia?
Conozca, además, la cantidad de colombianos que son parte de cada una de estas clases.
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En Colombia, la clasificación socioeconómica de la población se basa en los ingresos per cápita mensuales, lo que permite identificar y analizar las diferentes clases sociales: baja, media y alta, para así mismo permitirle al estado entender como se reparten los recursos.
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Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para 2022, la distribución de la población es la siguiente: 36,6% en condición de pobreza, 30,7% en situación de vulnerabilidad, 29,9% en clase media y 2,8% en clase alta, demostrando una diferencia significativa entre el porcentaje de las diferentes clases.
¿Cuánto se debe ganar para ser clase baja?
La clase baja en Colombia se divide en dos subcategorías: pobreza extrema y pobreza monetaria.
La línea de pobreza extrema se define por un ingreso per cápita mensual inferior a $160.302, mientras que la línea de pobreza monetaria corresponde a ingresos inferiores a $420.676. Por lo tanto, una persona con ingresos mensuales por debajo de $420.676 se considera parte de la clase baja.
¿Cuánto se debe ganar para ser clase media?
La clase media en Colombia incluye a las personas con ingresos per cápita mensuales que oscilan entre $781.120 y $4.206.033. Este segmento de la población ha mostrado un crecimiento reciente, pasando de 13,8 millones de personas en 2021 a 14,9 millones en 2022, representando el 29,9% de la población total.
¿Cuánto se debe ganar para ser clase alta?
Para ser considerado parte de la clase alta en Colombia, una persona debe tener un ingreso per cápita mensual superior a $4.206.033. Este grupo representa el 2,8% de la población, habiendo aumentado de 1,28 millones de personas en 2021 a 1,39 millones en 2022.
¿Cómo funciona el sistema de Estratificación Socioeconómica en Colombia?
El sistema de estratificación socioeconómica en Colombia clasifica las viviendas en seis estratos, numerados del 1 al 6, con el objetivo de asignar subsidios y contribuciones en los servicios públicos domiciliarios. Este modelo, establecido en la década de 1980 y formalizado mediante la Ley 142 de 1994, busca promover la equidad al permitir que los hogares de mayores ingresos (estratos 5 y 6) contribuyan más, mientras que los de menores ingresos (estratos 1, 2 y 3) reciben subsidios para facilitar el acceso a servicios básicos como agua, energía y gas, estos subsidios, además del estrato, exigen otros criterios.
Sin embargo, con el tiempo, este sistema ha generado debates sobre su efectividad y consecuencias sociales. Aunque inicialmente diseñado como una herramienta técnica para la distribución de subsidios, los estratos se han convertido en etiquetas que, en ocasiones, perpetúan la segregación y estigmatización social.
Además, se ha cuestionado su capacidad para reflejar con precisión la realidad económica de los hogares, dado que se basa en características físicas de las viviendas y no necesariamente en los ingresos reales de sus habitantes.
Es importante destacar que estas clasificaciones se basan en promedios nacionales y pueden variar según factores regionales y el costo de vida en diferentes áreas del país. Además, estas cifras son dinámicas y pueden cambiar con el tiempo debido a factores económicos y sociales.
