La ONU advierte lentitud en la reforma rural y urge mayor protección para excombatientes
El secretario general de la ONU, António Guterres, instó al Gobierno colombiano y al ELN a reactivar sin demora el cese al fuego, advirtiendo que la falta de un acuerdo agrava la inseguridad en las regiones y pone en riesgo la continuidad del diálogo de paz.
Secretario general, António Guterres. Foto: EFE. / MIGUEL A. LOPES (EFE)
Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sacude el panorama de la paz en Colombia al señalar rezagos preocupantes en la implementación del acuerdo final, especialmente en materia de adjudicación y formalización de tierras. El documento será presentado por el secretario general, António Guterres, ante el Consejo de Seguridad.
El reporte hace énfasis en la reforma rural integral, considerada uno de los pilares del proceso de paz. De acuerdo con la ONU, solo se ha logrado el 5,7% de la meta establecida para la adjudicación de tres millones de hectáreas, mientras que la formalización de la tenencia avanza en un 43,8% de las siete millones propuestas.
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Activistas en zonas rurales califican estas cifras de “alarmantes” y advierten sobre el riesgo de deslegitimar los compromisos adquiridos. El secretario general reiteró que se necesita “financiación adecuada y voluntad política” para evitar que la promesa de redistribuir tierras se convierta en una meta inalcanzable.
Otro asunto que despierta polémica en el informe es la seguridad de los excombatientes. Diez asesinatos y seis intentos de homicidio contra exintegrantes de grupos armados ocurridos entre septiembre y diciembre de 2024 avivan temores de nuevos brotes de violencia y ponen de relieve el rezago en las garantías acordadas en la firma del Acuerdo.
Con estas cifras, el número total de excombatientes asesinados asciende a 441, y 45 siguen desaparecidos. Para la ONU, el simple hecho de que la mayoría de quienes dejaron las armas (99% de inscritos en el Programa de Reincorporación Integral) sigan apostándole a la paz es “un logro que no debe darse por hecho” en medio de tantas dificultades.
En paralelo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) afronta presiones crecientes tras la apertura de cuatro casos en etapa de juicio. El informe de la ONU señala que la JEP requiere mayores esfuerzos institucionales para que las sanciones se cumplan de manera efectiva y se garantice la protección jurídica de quienes colaboran con esta justicia transicional.
Guterres lanzó una advertencia clara: “los objetivos de justicia y reconciliación deben cumplirse con celeridad”, al subrayar que las víctimas esperan respuestas que les permitan “pasar página luego de décadas de sufrimiento”.
La violencia en varias regiones sigue sin dar tregua, pese a los acercamientos con grupos armados. Informes recibidos por la Misión de Verificación apuntan a que persisten combates, reclutamiento de menores y uso de minas antipersonal. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó el desplazamiento de 176.609 personas y el confinamiento de 138.795 durante el periodo analizado, con un impacto que golpea, sobre todo, a comunidades étnicas.
La ONU califica como un “paso positivo” las reuniones extraordinarias entre el Gobierno y el ELN, pero no oculta su preocupación ante la falta de un cese al fuego con suficientes garantías para las zonas más afectadas. Guterres señala que es “urgente” retomar un pacto que ofrezca seguridad real a las comunidades y minimice el riesgo de nuevas confrontaciones armadas.
