Tribunal admitió demanda contra el Gobierno por no publicar contratos para implementar la Paz Total

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho contra la Presidencia de la República (DAPRE) y la Fiduprevisora, por el supuesto incumplimiento de la obligación de publicar íntegramente los documentos contractuales vinculados a los fondos destinados a la política de paz total, lo que contraviene las disposiciones legales establecidas en el artículo 17 de la Ley 2272 de 2022.

Según la Fundación, el Gobierno Nacional ejecuta los recursos asignados a las negociaciones y conversaciones de paz a través de tres fondos específicos: el Fondo Colombia en Paz, el Fondo Multidonantes de la ONU y el Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz). No obstante, desde hace varios meses, los documentos relacionados con la ejecución de estos recursos no han sido publicados en las plataformas oficiales, como el SECOP II, ni en las páginas web de las entidades involucradas.

El artículo 17 de la Ley 2272 de 2022 establece que, independientemente del régimen de contratación aplicable, todos los documentos generados durante las fases precontractual, contractual y poscontractual deben ser publicados dentro de los diez días siguientes a su creación. Esta disposición busca garantizar el control social sobre el manejo de los recursos públicos y promover la transparencia en la administración de los fondos destinados a la paz.

La Fundación para el Estado de Derecho estableció que los documentos precontractuales, como las convocatorias públicas y las propuestas de los oferentes, no se encuentran disponibles. Asimismo, tampoco se han publicado evidencias de ejecución, informes de cumplimiento, supervisión e interventoría, ni actas de liquidación de contratos ya adjudicados.

En junio de 2023, la Fiduprevisora expidió un procedimiento que permite omitir la publicación de ciertas actividades contractuales derivadas del Fondo Colombia en Paz.

Posteriormente, en octubre del mismo año, el DAPRE emitió un memorando en el que se establecieron lineamientos para la publicación de información contractual del Fondo Especial para la Paz, permitiendo la publicación parcial de los documentos a criterio de los funcionarios a cargo y en plazos diferentes a los estipulados por la ley.

Ante esta situación, la Fundación para el Estado de Derecho interpuso una demanda en agosto de 2024, argumentando que la falta de publicación completa de los documentos contractuales dificulta el control ciudadano y atenta contra los principios de transparencia y publicidad que deben regir en la administración pública, especialmente en un tema tan crucial como la política de paz.

Andrés Caro, director de la Fundación, expresó su preocupación por el incumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte del gobierno.

"La publicación de los contratos en todas sus etapas no es opcional, es un mandato legal. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se manejan los recursos destinados a la paz, un tema de enorme relevancia para el país", afirmó Caro.