El asesinato de al menos cinco firmantes en Catatumbo alerta sobre el agravamiento de la violencia
Una de las víctimas era compareciente ante la JEP, que exigió que las autoridades “desarticulen” los grupos ilegales. El número real de muertes aún es indeterminado.
Bogotá. Enero 16 de 2024. Nombres de víctimas del conflicto armado colombiano expuestos en la primera sesión de 2025 de la Mesa Nacional de Garantías. (Colprensa - Cristian Bayona).
Al menos cinco firmantes de paz fueron asesinados el 16 de enero, en medio de la escalada de violencia protagonizada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc en el Catatumbo, en Norte de Santander.
Tras la confirmación de la cifra por parte de la ONU, Indepaz —que lleva un conteo de líderes sociales y firmantes asesinados desde 2016— y el Gobierno nacional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se pronunció contra la violencia en la región.
“La JEP rechaza y condena los ataques violentos ocurridos en la zona del Catatumbo, en los que fueron asesinados civiles, el compareciente ante esta Jurisdicción Jhan Carlos Carvajalino Quintero” y otros cuatro firmantes de paz, dijo la entidad.
Carvajalino suscribió su acta de compromiso y sometimiento en la JEP en abril de 2018. Tras dejar las armas, en 2017 el entonces presidente Juan Manuel Santos le concedió una amnistía en cumplimiento del Acuerdo de Paz.
Santos, de hecho, también censuró la escalada agresiva de los grupos armados, reclamando que “no se puede permitir que los interlocutores en los diálogos de la llamada paz total sigan matando a los firmantes de paz” y a líderes sociales.
“Un golpe a la paz”
La Jurisdicción Especial, que emitió un comunicado al respecto, listó a Yurgen Martínez Delgado, Albeiro Díaz Franco y Pedro Rodríguez Mejía como los excombatientes que fueron víctimas de homicidio, y calificó lo sucedido como un “golpe” a la paz.
“Su asesinato representa un golpe a la implementación del Acuerdo Final y a la paz que los colombianos anhelan”, expresó la JEP, que reiteró “la necesidad de ofrecer protección integral” para garantizar “el bienestar” de las y los exFarc.
Para el órgano rector de la justicia transicional, creado tras las firmas del Estado y las antiguas Farc en el Acuerdo de Paz de 2016, es “imperativo” proteger la vida y la integridad de quienes firmaron el tratado hace más de ocho años.
La misiva de la JEP concluyó con un “llamado especial” a “las autoridades competentes” para que “desarticulen los grupos armados ilegales que se disputan el control de los territorios”. El ELN y las disidencias son dos de las agrupaciones.
El recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo, una región fronteriza con Venezuela, cobró a tiros la vida de una pareja y su bebé en Tibú, en la que fue la segunda masacre de este año en Colombia, y de varios firmantes de paz.
La cifra de víctimas, indeterminada
Aunque se ha sostenido el número de cinco firmantes asesinados como un dato oficial, la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), encargada de acompañar a excombatientes en proyectos productivos en terreno, contó cuatro.
Según la Agencia, los firmantes “habrían sido sacados de sus viviendas y ejecutados”, al parecer por el ELN. En contraste con la JEP, en la lista de la Agencia, dirigida por la excomisionada de la Verdad Alejandra Miller, no aparece Yurgen Martínez.
Además de los firmantes asesinados, la ARN anunció que corrobora si “al parecer” hay “por lo menos tres firmantes retenidos” y otros seis heridos. El instituto llamó a “cesar este conflicto armado” y a “establecer un corredor humanitario”.
La ARN emitió su comunicado sobre las 7:30 p.m., tres horas después de que Miller expresara en su cuenta de X que los firmantes asesinados fueron cinco. “¡Paren de matarlos!”, demandó la funcionaria dirigiéndose a los grupos ilegales.
El partido Comunes, con el que los excombatientes participan en la política luego del Acuerdo, por su parte, elevó la cantidad de asesinatos a siete sobre las siete de la noche. En una publicación en X, calificó a la escalada violenta como “una afrenta a la paz”.
La comunidad internacional, atenta al conflicto
La colectividad, de izquierda, señaló que es “urgente garantizar la vida de quienes en este momento están en medio del conflicto”. Los habitantes de la zona han compartido sendos comunicados y videos en redes sociales.
Comunes y las Naciones Unidas —representadas en el país por el enviado especial Carlos Ruiz Massieu, quien manifestó su “más firme condena” a los homicidios— se están preparando para intervenir ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
La participación, que por segunda vez desde la firma del Acuerdo contará con un delegado de Comunes, servirá para reiterar el llamado de la ONU a que se restablezca el cese al fuego entre el Gobierno colombiano y el ELN.
En su informe trimestral, que se presentará el 22 de enero en el Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU aseguró sentirse “alentado” por “las intenciones” de Colombia y el ELN de “avanzar lo más rápidamente posible” en sus diálogos.
Las “intenciones” de continuar, en todo caso, parecen estar en vilo nuevamente. El presidente Gustavo Petro indicó que este 17 de noviembre su delegación en la mesa “se pronunciará” para dar algunas luces sobre qué sigue en el proceso.
Las delegaciones del Gobierno piden que paren las agresiones
Entretanto, el equipo negociador emitió un corto comunicado describiendo como “cruentos” a los ataques del ELN. La delegación encabezada por Vera Grabe exigió “acabar con los enfrentamientos con las disidencias y respetar a la población civil”.
“Queremos expresar nuestro total rechazo a la violencia desatada por el ELN en distintos municipios en la zona del Catatumbo”, apuntó el senador Iván Cepeda, de la delegación, quien pidió que la violencia “cese de forma inmediata”.
Las acometidas del ELN se han dirigido en gran medida al Estado Mayor de los bloques ‘Comandante Jorge Suárez Briceño’ y Magdalena Medio ‘Comandante Gentil Duarte, y del frente ’Comandante Raúl Reyes‘, de las disidencias.
Se trata de una fracción del anterior Estado Mayor Central que, separada de la comandancia de Néstor Vera —‘Iván Mordisco’—, negocia con el gobierno de Gustavo Petro y sostiene un cese al fuego bilateral hasta el 15 de abril de este año.
Pese a la tregua militar, las disputas de territorios entre grupos armados no terminan. Solo este jueves, de acuerdo con el jefe negociador con el Estado Mayor, Camilo González Posso, los ataques desplazaron a más de setenta mil familias.
El miedo de la población
Mientras el ELN aún no se pronuncia y Comunes denuncia un “genocidio en curso”, Andrey Avendaño, uno de los negociadores del Estado Mayor, afirmó que el ELN le declaró la guerra a unidades de las disidencias, lo que desató la crisis en el Catatumbo.
“Han atacado civiles, gente desarmada. Han querido sacar a la fuerza a los familiares de los guerrilleros. Mujeres, niños, gente que está completamente indefensa, han tratado de sacarla por la fuerza y asesinarla”, dijo en un audio, según citan medios.
José del Carmen Abril, líder campesino del Catatumbo, contó que los actores armados han ido a su casa a buscarlo en numerosas ocasiones. El senador Cepeda compartió un video en el que Abril asegura que tuvo que refugiarse “en una loma”.
Cepeda llamó al ELN “a respetar la vida” de Abril. El terror remarcado por el líder también aparece en mensajes de grupos de derechos humanos, como la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, de la que el presidente Petro compartió una carta.
“Nuestras casas están llenas de silencio, pero no es el silencio de la tranquilidad. Es el de un miedo profundo que obliga a las familias a resguardarse tras sus puertas mientras los cadáveres permanecen en el monte”, narra la misiva.
¿Y las Fuerzas Militares?
La Segunda División del Ejército Nacional, con presencia en Santander, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar y Cesar, desplegó tropas en el Catatumbo por orden de su comandante, el mayor general Giovanni Rodríguez León.
El objetivo es “fortalecer el control territorial”, según destacó el Ejército. La División de Aviación castrense llevó desde Tibú a Cúcuta a un poblador que, junto a su hija, fue herido en medio de la confrontación del ELN y las disidencias.
Dos firmantes de paz, amenazados por “uno de los grupos armados”, también fueron evacuados. Los combates entre el frente 33 ‘Mariscal Antonio José de Sucre’ y el ELN se concentran en Teorama, Convención, Tibú y La Gabarra.
Según el Ejército, que solamente emitió un comunicado sobre la situación humanitaria de la región en todo el jueves, la institución “se encuentra en la zona, cumpliendo con su misión de brindar seguridad y preservar la vida”.
“Estos hechos terroristas son una flagrante violación a los derechos humanos e infringen el derecho internacional por parte de los grupos armados organizados”, añadió la comunicación refiriéndose a los enfrentamientos entre los ilegales.
