Escalada de violencia en el Catatumbo había sido alertada por la Defensoría del Pueblo
A pesar de que la alerta, emitida el 15 de noviembre de 2024, advertía la posible expansión de las disidencias de las Farc en esta región del país, el Gobierno mantiene hasta ahora un cese al fuego con ese grupo armado.
Defensoría del Pueblo. Foto cortesía
La Defensoría del Pueblo advirtió hace más de dos meses sobre un inminente incremento de la violencia en la subregión del Catatumbo (Norte de Santander) y parte del sur del Cesar. Sin embargo, no se tomaron medidas efectivas tras la alerta. El resultado: un panorama de emergencia humanitaria que incluye decenas de víctimas fatales y el desplazamiento forzado de al menos 11.000 habitantes en esta zona fronteriza.
Según el reporte emitido en noviembre, la terminación del “Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional con impacto Territorial (CFBTNT)” en agosto de 2024, junto a la reactivación de operaciones militares del Ejército Nacional y la reorganización de varios grupos armados, presagiaba un escenario crítico. El documento destacaba tres factores clave que, al confluir, generarían un aumento en los actos violentos y el riesgo para la población civil. Entre ellos, la intensificación de acciones del ELN, un posible reacomodo del EPL o “pelusos” y las “pretensiones de fortalecimiento y expansión territorial” de las disidencias de las Farc.
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A pesar de la advertencia, el Gobierno no ha suspendido el cese al fuego con las disidencias, lo que ha suscitado dudas acerca de la efectividad de dicha tregua en medio de una realidad que, según líderes regionales, se ha vuelto insostenible. “Las acciones indiscriminadas atentan contra los derechos a la vida, la integridad y la seguridad de la comunidad”, recalcaba la Defensoría en su momento, instando a proteger con urgencia a habitantes, comerciantes, transportadores, menores de edad, docentes, líderes sociales y otros sectores altamente vulnerables.
La Defensoría puntualizaba en noviembre que el peligro se cernía especialmente sobre los municipios de Río de Oro y González (Cesar), así como Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, Ábrego y La Playa de Belén (Norte de Santander). Hoy, organizaciones humanitarias y voceros de la comunidad reportan confinamientos, escuelas cerradas y carreteras bloqueadas por enfrentamientos. “Lo más preocupante es la ausencia de una respuesta coordinada que asegure la protección de quienes se han visto obligados a abandonar sus hogares”, afirman fuentes locales que trabajan en asistencia a desplazados.
Este escenario de riesgo se suma a las alertas previas —N° 026 (29 de junio de 2023), N° 004 (9 de febrero de 2021) y N° 034 (4 de agosto de 2020)—, que ya referían la presencia de grupos armados en la zona y su impacto en la población civil. Sin embargo, las acciones recomendadas no habrían sido implementadas de manera oportuna, según las denuncias recogidas en terreno.
