JEP descartó la unificación de casos para la antigua cúpula de las FARC
La JEP rechazó unificar en una sola decisión los casos del último Secretariado de las extintas Farc-EP y, a la vez, busca acelerar los procesos y proteger la vida de excombatientes en zonas críticas como el Catatumbo.
JEP imagen de referencia. Foto: Getty Images. / NurPhoto
En una reciente sesión de trabajo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que no emitirá una sola resolución de conclusiones para los integrantes del último Secretariado de las extintas Farc-EP, aunque sí explorará mecanismos para agilizar las decisiones de fondo en los macrocasos a su cargo.
La reunión, que se extendió por más de ocho horas, buscó dar respuesta a la solicitud elevada por los antiguos máximos comandantes de la guerrilla el pasado octubre, quienes habían pedido unificar todos los expedientes y renunciado a la presunción de inocencia.
“La adopción de resoluciones parciales está respaldada desde 2019 por la Corte Constitucional, y este modelo ha permitido a la JEP avanzar en cada macrocaso de manera progresiva”, señalaron fuentes de la Jurisdicción durante la reunión.
Además de la negativa a emitir un documento único, la JEP reiteró su preocupación por el uso recurrente de nulidades y de recursos como la reposición y la apelación, tanto por parte de las defensas como de los representantes de las víctimas.
Estas acciones, si bien forman parte del derecho a la defensa y la participación, han retrasado la adopción de decisiones de fondo, generando inquietud entre las víctimas, la sociedad colombiana y la comunidad internacional, que esperan resultados concretos y definitivos.
Según explicaron los magistrados relatores, cada macrocaso agrupa un amplio número de víctimas acreditadas, con diferentes tipos de afectaciones (como secuestros, reclutamientos forzados o violencia basada en género), además de comunidades étnicas que requieren un trato diferenciado.
Esto, sumado a la presentación de recursos judiciales, ha llevado a que el proceso exija un estudio detenido caso a caso, sin sacrificar el derecho de las víctimas a ser escuchadas ni el debido proceso de los comparecientes.
Uno de los puntos clave discutidos fue el alcance de la competencia de la JEP sobre quienes firmaron el Acuerdo Final de Paz y se mantienen en cumplimiento de sus compromisos.
De acuerdo con la Jurisdicción, estos comparecientes no serán devueltos a la justicia ordinaria y, en cambio, verán su situación resuelta a través de una de dos vías: el proceso con reconocimiento, que contempla sanciones especiales para los máximos responsables, o el proceso adversarial, en caso de que no reconozcan su responsabilidad.
Asimismo, el pleno de magistrados manifestó preocupación por la grave situación de seguridad que enfrentan quienes dejaron las armas, en especial en la región del Catatumbo, Norte de Santander.
Se recordó que la JEP estableció en 2020 medidas cautelares para proteger la vida e integridad de los excombatientes, en línea con lo pactado en el Acuerdo de Paz.
