ONU denunció múltiples violaciones de derechos humanos en el Catatumbo y solicitó acción urgente
ONU denuncia una ola de violencia en el Catatumbo que ha dejado al menos 60 muertos y desplazado a más de 18 mil personas. Grupos armados no estatales, principalmente el ELN, son señalados por múltiples violaciones de derechos humanos, incluyendo el confinamiento de comunidades indígenas y la eliminación de líderes sociales.
Imagen de Getty Images y ONU DDHH
La Oficina en Colombia del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) denunció una serie de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y abusos cometidos por grupos armados no estatales en la región del Catatumbo, Norte de Santander, desde la semana pasada.
Según el informe de la ONU, se han verificado al menos 60 homicidios, el desplazamiento forzado de más de 18000 personas y el confinamiento de más de 1000 individuos, incluyendo 23 comunidades indígenas del Pueblo Bari y del Pueblo Yukpa. Además, se registran la privación de libertad de al menos 30 personas, la desescolarización de 46,000 niñas, niños y adolescentes, así como amenazas y estigmatización de liderazgos sociales. Los municipios más afectadas son Tibú, Teorama, Sardinata, Convención, El Tarra, San Calixto, Hacarí y Abrego.
Lea también:
“La escalada de violencia atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN) está teniendo un impacto devastador en los derechos de las comunidades locales, especialmente en mujeres, niñas, niños y pueblos indígenas”, señaló la Oficina de la ONU. Entre las víctimas se encuentran dos defensores de derechos humanos, Carmelo Guerrero y Pedro María Ropero, quienes fueron asesinados, además de múltiples amenazas dirigidas a otros líderes sociales que han optado por desplazarse a Ocaña y Cúcuta junto con sus familias.
Ante esta situación, ONU Derechos Humanos ha instado al ELN y a otros grupos armados no estatales a respetar los derechos humanos de la población civil y a cumplir con las normas del DIH, en particular el Artículo 3 común y el Protocolo II, aplicables a conflictos armados no internacionales. Asimismo, la Oficina ha reconocido los esfuerzos del Gobierno Nacional y local en la protección de civiles y la asistencia humanitaria, pero ha solicitado un incremento en dichas acciones para atender las necesidades de la población desplazada y confinada.
En el marco de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana – Garantías para la vida y la paz 2022-2026, la ONU ha hecho un llamado al Estado para fortalecer las acciones de prevención y protección de las comunidades en riesgo. Esto incluye la implementación de medidas de inteligencia para desarticular organizaciones armadas ilegales y garantizar que los líderes sociales y defensores de derechos humanos puedan ejercer su labor sin amenazas.
Además, la Oficina de la ONU ha subrayado la necesidad de adoptar medidas estructurales que rompan los confinamientos actuales, permitiendo a las comunidades vivir en paz sin la presencia de grupos armados no estatales. “Es imperativo iniciar la implementación de la Política Pública de Desmantelamiento de organizaciones criminales para iniciar los cambios necesarios que mitiguen la violencia en la región”, añadió el informe.
