Yoon Suk-yeol se presentó por primera vez ante el Tribunal Constitucional para su juicio político

Entre un fuerte dispositivo de seguridad, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, se presentó este martes por primera vez en el Tribunal Constitucional para participar en una audiencia del juicio que determinará si su destitución parlamentaria será o no definitiva.

Yoon llegó en un convoy que lo transportó desde el centro de detención de Uiwang, al sur de la capital surcoreana, en el que se encuentra arrestado desde el 15 de enero.

El fuerte dispositivo policial establecido en torno a la sede del Tribunal Constitucional en Seúl era ya visible a más de un kilómetro de distancia de la corte, así como las protestas multitudinarias organizadas por los seguidores del presidente en la zona.

Ni siquiera la alerta roja emitida en la región capitalina por la mala calidad del aire impidió a los simpatizantes del presidente congregarse por miles en las cercanías del Constitucional para protestar contra lo que consideran un arresto y un juicio ilegales por la decisión de decretar la ley marcial el 3 de diciembre.

En todo caso, la Policía creó un perímetro de seguridad en torno a las puertas de la corte usando barreras y autobuses que impidió acercarse hasta la entrada de los juzgados.

En su comparecencia, Yoon tiene previsto valorar las circunstancias que le llevaron a decretar el estado de excepción, y su equipo legal presentará pruebas y llamará a testigos a declarar para defender su argumentación, según un comunicado de sus abogados.

Yoon defiende que la ley marcial fue una respuesta que se valió de las herramientas legales de las que dispone el presidente para responder a la “parálisis” de Estado que, según él, estaba provocando la oposición mediante el uso indiscriminado de las mociones de destitución en el Parlamento, donde su partido estaba en clara minoría desde abril.

El mandatario considera también que los recortes presupuestarios aprobados por la bancada contraria en el hemiciclo, así como la mala gestión del sistema electrónico electoral, suponían una amenaza para la seguridad económica y política del país, según el comunicado.

El Constitucional tiene de aquí a junio para decidir si el cese de Yoon aprobado por el Parlamento el 14 de diciembre será definitivo o si lo restituye en el cargo.

En caso de que su inhabilitación quede ratificada, deberán convocar selecciones presidenciales en un plazo máximo de sesenta días tras el fallo de la corte.

Yoon encara a su vez una investigación penal por un posible delito de insurrección que podría castigarse con cadena perpetua o la pena capital (para la cual existe una moratoria en Corea del Sur desde 1997), aunque se ha negado a declarar ante los investigadores.