ONU condena violencia en Catatumbo y piden garantías para la paz
La Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Colombia manifestaron una fuerte condena a la nueva ola de violencia en el Catatumbo, en el nororiente del país, y exigieron que los grupos armados garanticen la protección de civiles y excombatientes tras la suspensión de los diálogos con el ELN.
ONU: Kim Jae-Hwan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images / SOPA Images
Durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU destinada a evaluar la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las antiguas FARC-EP, surgieron reacciones contundentes a raíz de los hechos de violencia en la región del Catatumbo, en el nororiente de Colombia. Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, y el canciller Luis Gilberto Murillo se refirieron a la situación, haciendo hincapié en el impacto sobre la población civil y los excombatientes, así como en el proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Carlos Ruiz Massieu lamentó la serie de asesinatos que, según informes, habrían afectado a firmantes del Acuerdo de Paz y a líderes comunitarios. “Me entristecen profundamente las acciones que han ensangrentado la remota región del Catatumbo”, sostuvo, resaltando que “muchas de las víctimas fueron seleccionadas y asesinadas individualmente” y subrayando la urgencia de que los grupos armados “permitan el acceso sin impedimentos de la ayuda humanitaria”.
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Por su parte, el canciller Murillo se refirió a los presuntos responsables de la violencia en la zona, señalando específicamente al ELN y a grupos disidentes. “El asesinato de los firmantes del acuerdo de paz es inaceptable, y condenamos enérgicamente esas muertes”, afirmó. Ante estos hechos, el Presidente colombiano decidió suspender los diálogos con el ELN, al considerar que “la paz requiere reciprocidad”.
Ruiz Massieu advirtió que el derramamiento de sangre en el Catatumbo evidencia la necesidad de reforzar la presencia integral del Estado, ya que en estas áreas “los grupos armados ilegales compiten por el control territorial y social”. Destacó, además, el riesgo que afrontan comunidades étnicas como los pueblos Bari y Yukpa, que son “víctimas de la violencia que sigue asolando las zonas rurales de Colombia”.
Mientras tanto, el Gobierno colombiano confirmó el desplazamiento de miles de personas y la adopción de “medidas excepcionales y extraordinarias” para restablecer la seguridad en la región. El canciller Murillo subrayó que la población civil y las autoridades nacionales “no renuncian a la paz”, aunque advirtió: “Hemos exigido a las organizaciones armadas que cesen la violencia y demuestren seriamente su voluntad de paz, que pueda ser verificada”.
Tanto Ruiz Massieu como el canciller Murillo resaltaron la importancia de acelerar la implementación de los puntos del Acuerdo de 2016, especialmente aquellos relacionados con la reforma rural y los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET). “El Catatumbo es como muchas regiones de Colombia, que aún esperan los dividendos de la paz en términos de servicios públicos, economías legales y oportunidades de desarrollo”, afirmó el representante de la ONU.
Sobre la reincorporación de excombatientes, Ruiz Massieu calificó este proceso como un “ejemplo inspirador” y mencionó los logros en proyectos productivos y construcción de viviendas en espacios territoriales como Tierra Grata. Sin embargo, subrayó que “aún quedan importantes retos por abordar para garantizar la sostenibilidad de los proyectos y la seguridad de los excombatientes”.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, ha puesto en marcha un plan para acelerar la implementación del Acuerdo, con medidas enfocadas en el desarrollo de zonas priorizadas y la protección de líderes sociales. Murillo afirmó que estos esfuerzos se basan en “un plan detallado que, en los últimos meses, ha alcanzado avances significativos”, incluidas acciones con enfoque de género y poblaciones étnicas.
Tanto la Misión de Verificación de la ONU como el canciller colombiano coincidieron en solicitar el respaldo permanente de la comunidad internacional. “Pedimos el continuo respaldo y la asistencia unánime de la comunidad internacional”, dijo Murillo, recalcando que el Gobierno busca “resultados tangibles, verificables y de alto impacto” para demostrar que el proceso de paz es un camino irreversible.
Asimismo, Murillo reiteró la petición de que las demás partes involucradas “respeten el Derecho Internacional Humanitario” y den muestras concretas de cese de la violencia. “Suspendimos los diálogos de paz con el ELN porque la paz es de doble vía”, apuntó, al tiempo que instó a que se retome la negociación si la contraparte cumple con las garantías requeridas.
