Estado y Thomas Greg solicitan extender la suspensión de millonaria demanda por pasaportes
El futuro de una millonaria demanda por $117.000 millones está en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que decidirá si acepta prorrogar la suspensión del caso.
Pasaporte de Colombia. / Cancillería
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca enfrenta una decisión crucial: aceptar o no la solicitud presentada por el Estado colombiano y la firma Thomas Greg and Sons para extender, hasta el 4 de febrero, la suspensión de una demanda por 117 mil millones de pesos. Si la petición es rechazada, el caso podría reactivarse este 23 de enero, como estaba previsto inicialmente.
Una prórroga en el horizonte
A través de un memorial, los apoderados de ambas partes solicitaron la extensión del periodo de suspensión que rige desde un acuerdo previo. “En atención a lo dispuesto por el artículo 161 numeral 2 del Código General del Proceso, solicitamos de común acuerdo la suspensión del proceso desde el próximo 23 de enero de 2025 hasta el 04 de febrero de 2025, ambas fechas inclusive”, reza el documento enviado al tribunal.
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Este nuevo plazo busca, presumiblemente, brindar tiempo adicional para que ambas partes exploren alternativas de solución o ajusten sus estrategias antes de que la disputa continúe su curso judicial.
El trasfondo del conflicto
El conflicto tiene su origen en una decisión adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en septiembre de 2023. La firma Thomas Greg & Sons interpuso una demanda el 19 de diciembre de 2023, reclamando una indemnización de 117 mil millones de pesos tras la declaración de desierta de una licitación para la expedición de pasaportes. Este proceso, valorado en 599.651 millones de pesos, había dejado a Thomas Greg como el único proponente habilitado.
El excanciller Álvaro Leyva, en su calidad de jefe de la cartera en ese entonces, firmó la resolución 7485 del 13 de septiembre de 2023, que declaró desierta la licitación. Esta decisión, cuestionada por los demandantes, desencadenó la reclamación judicial. En su demanda, Thomas Greg & Sons solicita la revocatoria de dicha resolución y el reconocimiento de la indemnización, argumentando perjuicios económicos derivados de la decisión administrativa.
La importancia del caso
El litigio representa un desafío significativo para el Estado colombiano, tanto en términos financieros como de confianza en los procesos de contratación pública. Por un lado, está en juego el pago de una indemnización millonaria que podría impactar el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por otro, la controversia pone bajo la lupa la gestión de licitaciones de gran envergadura y la transparencia en los procedimientos.
Próximos pasos
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá analizar los argumentos presentados por ambas partes y determinar si procede la extensión de la suspensión. De no aceptarse la solicitud, el caso se reactivaría este 23 de enero, marcando el inicio de una nueva etapa en este proceso judicial de alto perfil.
Mientras tanto, el país sigue a la espera de una resolución que permita aclarar las responsabilidades y garantizar que los intereses del Estado y de los actores privados se manejen con apego a la legalidad y la justicia.
