La cifra de desplazamientos forzados en Catatumbo por la ofensiva del ELN asciende a más de 36.000
Según información de la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Norte de Santander, el dato de homicidios en la zona oscila entre los sesenta y los ochenta.
Cúcuta. Enero 22 de 2025. Cientos de desplazados continúan llegando al Estadio General Santander en busca de ayuda y refugio frente a la actual situación de violencia en el Catatumbo. (Colprensa - Catalina Olaya)
El agravamiento de la crisis humanitaria en el Catatumbo, una región de Norte de Santander fronteriza con Venezuela en la que la población ha quedado atrapada o ha buscado escapatoria del fuego cruzado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia de las Farc Frente 33, es palpable.
Los datos de personas desplazadas forzosamente, confinadas o asesinadas siguen aumentando con cada balance de las autoridades. La Defensoría del Pueblo, citando al Comité Territorial de Justicia Transicional Ampliado de Norte de Santander, cifró los desplazamientos en 36.139.
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El número significa un incremento de más de cuatro mil personas solo el 22 de enero, un día después de que la misma Defensoría contaba 32 mil personas buscando refugio en Cúcuta, Ocaña —donde hubo un puesto de mando unificado con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo— y Tibú.
“Muchas personas, entre ellas firmantes de paz y líderes e inclusive niños y niñas, enfrentan un riesgo especial de ser secuestradas o asesinadas”, señaló la Defensoría, alertando que “en todos los municipios afectados” por la arremetida violenta del ELN en Catatumbo existen “riesgos de confinamiento”.
No obstante, 435 personas han sido evacuadas en vuelos humanitarios y otras doscientas, consideradas como “de especial protección” —como niños y niñas, miembros de comunidades indígenas o personas mayores—, han sido evacuadas desde Tibú con apoyo del Ejército Nacional.
Las autoridades castrenses hacen presencia en todo el Catatumbo, incluso con artillería, y llevan la orden del Gobierno nacional de avanzar en una ofensiva contra el ELN para retomar el control del territorio, en disputa entre la guerrilla y las disidencias por ser epicentro de la hoja de coca en la frontera.
Según el Ejército, el fortalecimiento de las capacidades militares en la zona, que incluye Fuerzas Especiales y componentes especializados, ha llevado a veintidós miembros del frente ‘Mariscal Antonio José de Sucre’, entre los que hay tres menores de edad, a entregarse a las autoridades en El Tarra y Tibú.
La Defensoría, por su parte, indicó en su balance del 22 de enero que seis firmantes de paz han sido asesinados, siete han sido desaparecidos —aunque dos fueron ya liberados— y 102 se han desplazado forzosamente. “En Ocaña, los y las firmantes solicitan refugio por alto riesgo”, subrayó la entidad.
El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, reporta ochenta asesinatos. La Defensoría ha podido verificar, gracias a “información de diferentes espacios de articulación”, al menos sesenta. Y Álvaro Carrascal, líder social en Teorama, Norte de Santander, permanece secuestrado.
De la cifra de personas fallecidas, el Instituto de Medicina Legal ha identificado 41 cuerpos, de los que ha entregado 34 a sus familias. Además, 631 integrantes de las comunidades indígenas Yukpa se han desplazado a San Pablo, Tibú y Cúcuta. El resguardo Catalaura recibe personas desplazadas.
Las autoridades lograron entregar 1,5 toneladas de alimentos al resguardo, del pueblo Barí, que, según la Unidad para las Víctimas, ha recibido 216 personas del resguardo Bacuboquira. En total, la Unidad, junto a la Fuerza Aeroespacial, el Ejército y los entes locales, ha enviado 82 toneladas de ayuda.
Según la entidad gubernamental, el apoyo humanitario le ha llegado a aproximadamente cuatro mil personas en Ocaña, Tibú y Cúcuta. Otros organismos han enviado, adicionalmente, 280 toneladas de ayudas al territorio, en el que unas dieciséis mil personas han sido atendidas.
“El Gobierno nacional, a través de la Unidad para las Víctimas, hace un llamado al establecimiento inmediato de un corredor humanitario que responda a esta crisis de manera efectiva”, expresó este miércoles la directora de la Unidad, Lilia Solano, luego de varias reuniones para coordinar la respuesta en la zona.
La Defensoría asegura haber coordinado la entrega de veinticinco toneladas de ayuda humanitaria en Ocaña y de una en Tibú, al tiempo que manifiesta contar con información de “un número indeterminado de personas que han cruzado la frontera” hacia Venezuela “como forma de refugio”.
Para el órgano de derechos humanos, es “necesario garantizar la seguridad, caracterización de víctimas, atención en albergues, y protección a líderes y lideresas, así como a alcaldes, alcaldesas, personeros y personeras del Catatumbo”. Además, llamó a “la acción inmediata”.
