Judicial

Tribunal suspende nuevamente millonario proceso por licitación de pasaportes

En el caso, Thomas Greg & Sons exige un pago de $117.000 millones por los presuntos perjuicios que le generó la decisión de declarar desierta la licitación para la emisión de pasaportes en Colombia

Países a los que se puede viajar con pasaporte colombiano // Foto: Getty Images

Países a los que se puede viajar con pasaporte colombiano // Foto: Getty Images / Jose Arbelaez - Fotografía

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó una nueva suspensión del proceso judicial en el que se define la demanda interpuesta por la Unión Temporal Pasaportes 2023, un consorcio liderado por Thomas Greg & Sons.

En el caso, la empresa exige un pago de $117.000 millones por los presuntos perjuicios que le generó la decisión de declarar desierta la licitación para la emisión de pasaportes en Colombia.

La nueva suspensión regirá hasta el próximo 4 de febrero.

Este proceso tiene como antecedente la controvertida decisión del entonces canciller Álvaro Leyva, quien en 2023 determinó dejar sin adjudicación una licitación pública valorada en $599.651 millones.

En dicho proceso, solo la Unión Temporal Pasaportes 2023, integrada por Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., Thomas Greg Express, Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A., Seguridad Móvil de Colombia, Thales Colombia S.A. y Thales DIS Finland Oy, había cumplido con los requisitos para participar.

La demanda, que está bajo la responsabilidad de la magistrada Bertha Lucy Ceballos, fue suspendida inicialmente en octubre de 2024.

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Estaba previsto que se retomara el pasado 23 de enero, pero la Cancillería y Thomas Greg solicitaron una prórroga adicional. Ambas partes están evaluando la posibilidad de llegar a un acuerdo que permita retirar la demanda, lo que evitaría un fallo que podría tener un impacto negativo en las finanzas del Estado.

Por este mismo caso, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años al exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva. Según el órgano de control, Leyva violó los principios de contratación estatal al tomar la decisión de declarar desierta la licitación, una medida que, además, impidió un acuerdo con la Unión Temporal en su momento.

La actual administración, encabezada por el canciller Luis Gilberto Murillo, ha adoptado un tono más conciliador respecto a este litigio.

A diferencia de Leyva, quien se negó a buscar una salida amistosa con Thomas Greg & Sons, Murillo ha mostrado disposición para alcanzar un consenso que ponga fin al proceso judicial. Actualmente, la empresa multinacional está consultando con sus socios sobre la viabilidad de retirar la demanda.

Este caso representa un desafío significativo para el Gobierno, que enfrenta no solo un riesgo económico, sino también cuestionamientos por las decisiones tomadas en el pasado. Con $117.000 millones en juego, el desenlace del proceso podría marcar un precedente importante para futuras contrataciones estatales y sus implicaciones legales.

El Tribunal decidirá el futuro del caso el próximo 4 de febrero, fecha en la que se espera que las partes presenten avances en las negociaciones o que se reanude el curso normal del proceso judicial. Mientras tanto, el país sigue a la espera de una solución definitiva a este millonario y polémico conflicto.

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