Defensoría del Pueblo alerta sobre la mayor crisis de desplazamiento masivo en Colombia desde 1997
La Defensoría del Pueblo advierte que el desplazamiento masivo en el Catatumbo podría ser el mayor registrado desde 1997, tras superar en pocas semanas el número de personas afectadas en todo 2024.
Foto: oficial Defensoría del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta humanitaria al señalar que el desplazamiento masivo que afecta a comunidades en la región del Catatumbo podría constituir “el desplazamiento forzado masivo más grande causado en un solo evento desde que se tiene registro institucional de desplazamiento en Colombia (1997)”.
Según la entidad, antes de finalizar el primer mes de este año, la cifra de personas forzadas a abandonar sus hogares en esta zona ya supera el total registrado en 2024.
De acuerdo con el último reporte oficial, en 2024 se presentaron 105 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 10.249 familias (25.611 personas).
Además, se documentaron 75 eventos de confinamiento que limitaron la movilidad de 24.255 familias, es decir, 107.931 personas pertenecientes a 343 comunidades.
Aunque estas cifras señalaban una disminución respecto a 2023 —cuando se registraron 154 eventos de desplazamiento masivo con 54.665 personas afectadas—, la magnitud de la situación reciente en Catatumbo rompe con la tendencia a la baja.
“Antes de terminar el primer mes del año se superó el número de personas afectadas por desplazamientos masivos en todo 2024”, indicó la Defensoría del Pueblo a través de sus canales oficiales.
Esta alarma incrementa la preocupación sobre la persistencia de los factores de violencia que generan el éxodo forzado de familias campesinas, indígenas y afrodescendientes, obligándolas a huir o a quedar confinadas en sus propias comunidades.
Las consecuencias de esta coyuntura se extienden más allá de la movilización de personas. De acuerdo con organizaciones en el territorio, la saturación de refugios y la falta de recursos para atender a las familias afectadas podrían acentuar necesidades básicas no resueltas, como alimentación y servicios de salud. Asimismo, la interrupción de las actividades económicas y educativas impacta de manera directa en la estabilidad social y en la protección de la población infantil.
