Contraloría alerta riesgo de que estratos 1, 2 y 3 se queden sin luz por falta de pago del Gobierno
El ente de control afirmó que las deudas del Gobierno Nacional con los prestadores del servicio están en alrededor de $7 billones.
Foto de archivo. Fachada del edificio en donde funciona la Contraloría General en Bogotá, Colombia, 19 de julio, 2019. REUTERS/Luis Jaime Acosta / LUIS JAIME ACOSTA
La Contraloría alertó sobre el riesgo de desabastecimiento energético por ausencia de nuevos proyectos y el no pago de deudas acumuladas a los prestadores del servicio de energía y gas.
La entidad hizo un llamado urgente a cubrir las deudas acumuladas por subsidios, que son cercanas a los $3 billones, que están poniendo en riesgo la prestación del servicio a los estratos 1, 2 y 3.
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“Advierte la Contraloría sobre el riesgo de que los usuarios con menos recursos en estratos 1, 2 y 3, puedan ver incrementados los costos de las facturas sino se giran los recursos y pagos por parte del gobierno correspondientes a subsidios y opción tarifaria. Adicionalmente, sigue creciendo la deuda que tienen muchas entidades del Estado que no han pagado a los prestadores de servicio de energía y gas”, afirmó la Contraloría.
Por esto buscará una reunión con los ministros de Minas, Hacienda y Procuraduría para buscar una solución.
Y es que según datos del Comité Intergremial de Energía y Gas, las deudas acumuladas por subsidios, que el Gobierno Nacional debía girar a través del Presupuesto General de la Nación (PGN), suman $2,7 billones para energía eléctrica, $3.3 billones por opción tarifaria y un billón por deuda de usuarios oficiales y en lo que compete a gas $628 mil millones para gas natural al cierre de 2024, es decir más de $7 billones, lo que preocupa aún más si se incluyen los costos de las intervenciones a empresas realizadas recientemente.
Específicamente sobre la opción tarifaria, el ente de control señala que aunque las empresas pueden recuperar estos recursos ajustando las facturas de los usuarios, este incremento podría aumentar la cartera vencida, agravando la situación financiera de las compañías y afectando el acceso a los servicios para la población.
