JEP pide investigar paradero de 546 integrantes de la fuerza pública desaparecidos en el conflicto
La JEP ordenó a varias entidades estatales investigar el paradero de 546 miembros de la fuerza pública desaparecidos en el conflicto armado, buscando establecer la verdad y garantizar la centralidad de las víctimas.
JEP imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Long Visual Press
Según datos presentados en una audiencia realizada el 12 de diciembre, las cifras registran a 384 integrantes del Ejército Nacional, 139 de la Policía Nacional, 13 de la Fuerza Aérea y 10 de la Armada Nacional. Estos reportes fueron expuestos en el marco de la Ley 2364 de 2024, enfocada en la protección de los derechos de las mujeres que buscan a víctimas de desaparición forzada.
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Para avanzar en la identificación y localización de estas personas, la JEP ordenó remitir la información a la Fiscalía General de la Nación, a la Sección de Investigación Criminal (SIJIN), a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y al Instituto Nacional de Medicina Legal (INMLCF). “La búsqueda de los desaparecidos no es solo un acto de justicia, sino un deber ético con quienes dejaron un vacío irreparable en sus familias y en la sociedad”, afirmó el magistrado Raúl Eduardo Sánchez durante la diligencia de seguimiento.
Este llamado se produce en el contexto de la medida cautelar nacional ordenada por la SARV, cuyo propósito es garantizar los derechos a la verdad y la memoria de las víctimas de desaparición forzada. Asimismo, las autoridades instaron a la Organización Humanitaria Reencuentros —compuesta por firmantes de paz— a aportar cualquier información que ayude a ubicar posibles lugares de inhumación o datos relevantes sobre los uniformados desaparecidos.
Toda la documentación que recopile la JEP será contrastada con investigaciones en curso y con solicitudes de sometimiento o beneficios establecidos en la justicia transicional. En este sentido, la Jurisdicción hizo un llamado a organizaciones de derechos humanos y a la ciudadanía para que contribuyan con información y promuevan la construcción de memoria histórica.
