Universidad Nacional aclara detalles sobre la contratación de servicios de seguridad tras denuncias

Tras las denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso de contratación del servicio de seguridad y vigilancia en la Universidad Nacional de Colombia, el director financiero y administrativo de la sede Bogotá, Luis Fernando Valenzuela, aclaró varios aspectos sobre el proceso de contratación que han sido cuestionados.

Licitación con un único proponente

Aunque se denunció que solo una unión temporal participó en la licitación, Valenzuela explicó que inicialmente 12 empresas mostraron interés en el proceso, accediendo a los términos y realizando la visita técnica. Sin embargo, solo dos empresas (Detección Seguridad Privada LTDA y Seguridad El Pentágono Colombiano LTDA) se unieron para presentar una propuesta conjunta.

“Las otras empresas optaron por no participar por razones como las obligaciones exigidas o porque no consideraron atractivo el modelo de precios”, aseguró el funcionario.

El monto del contrato y su alcance

Valenzuela precisó que los 98 mil millones de pesos no corresponden a un único contrato, sino a un monto global estimado que cubre los servicios de vigilancia en las nueve sedes de la universidad durante varios años. El contrato más grande, el de la sede Bogotá, tiene un valor aproximado de 20 mil millones de pesos.

Publicación en el SECOP y autonomía universitaria

En cuanto a las críticas por la falta de publicación en el SECOP II, el director señaló que la Universidad Nacional, como institución autónoma, tiene un manual de contratación propio que establece que la publicidad de estos procesos se realiza a través de su página web. Aseguró que toda la información, incluidos los términos de referencia y observaciones de los proponentes, se encuentra disponible en el portal de adquisiciones de la universidad.

“Todo el mundo tiene acceso a esta información en nuestra página web. Las observaciones realizadas al proceso también están publicadas ahí”, afirmó.

Proceso en curso

Valenzuela enfatizó que el contrato aún no ha sido adjudicado y que la unión temporal que presentó la propuesta se encuentra en etapa de evaluación. “Se están revisando requisitos jurídicos, técnicos, económicos y financieros. Si la unión temporal cumple con todos los criterios de ponderación, se le asignará el contrato”, explicó.

A pesar de estas aclaraciones, persisten los cuestionamientos sobre la transparencia del proceso, especialmente por la falta de publicación en el SECOP, lo que, según la Ley de Contratación Pública, es obligatorio para contratos de esta magnitud. Además, sectores críticos han cuestionado las condiciones del pliego, que podrían haber limitado la participación de más oferentes.

La comunidad académica y los entes de control permanecen atentos al desarrollo del proceso, que podría marcar un precedente sobre la gestión de recursos públicos en instituciones autónomas.

Escuche la entrevista completa a continuación: