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Grupo Keralty emprende acciones legales tras desvinculación de EPS Sanitas de ACEMI

El Grupo Keralty rechaza la decisión gubernamental de separar a EPS Sanitas de ACEMI y anuncia medidas legales para revertirla.

Médico y Keralty. Foto: Getty Images / keralty.com

Médico y Keralty. Foto: Getty Images / keralty.com

El Grupo Keralty, en representación de los usuarios y colaboradores de EPS Sanitas, ha manifestado su absoluto rechazo a la reciente decisión gubernamental de desvincular unilateralmente a la empresa de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI).

Según Keralty, esta medida carece de legitimidad y atenta contra la representatividad del sector en el debate público.

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Aseguran en el comunicado que EPS Sanitas ha sido un actor clave en la prestación de servicios de salud de calidad a millones de colombianos.

Su participación en ACEMI ha sido fundamental para la defensa gremial, el acompañamiento técnico y la interlocución con el Gobierno Nacional en la búsqueda de soluciones sostenibles y equitativas para el sistema de salud. La desvinculación impuesta no solo carece de justificación, sino que constituye un atropello contra la libre expresión y la defensa de los derechos del sector salud.

Esta acción se suma a una serie de medidas que, según Keralty, buscan silenciar y aislar a quienes defienden el modelo de salud del país y los derechos de sus usuarios.

El grupo anunció que interpondrá las acciones legales pertinentes para revertir esta medida, buscando su anulación ante las instancias judiciales correspondientes. Argumentan que la intervención de EPS Sanitas ha excedido sus funciones, violentando los principios de autonomía y representatividad del sector.

Este pronunciamiento se produce en un contexto de tensiones entre EPS Sanitas y el Gobierno colombiano. Recientemente, las empresas españolas Natanor XXI y Centauro Capital, accionistas de Sanitas, presentaron una solicitud de arbitraje internacional contra el Estado colombiano, acusándolo de “expropiación indirecta” debido a la intervención estatal realizada en abril de 2024. Buscan una indemnización de 1.200 millones de dólares.

Keralty afirma que su compromiso es trabajar incansablemente por la defensa de los derechos de los colombianos y por la permanencia de un sistema de salud que garantice la calidad y la cobertura de los servicios. “No nos callarán. Seguiremos en la lucha por lo justo”, concluye el comunicado del grupo.

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