Colombia reconoció impunidad de 40 años en la muerte de Luis Fernando Lalinde, ante la Corte IDH
Colombia reconoció ante la CorteIDH su responsabilidad en la impunidad de la desaparición y ejecución de Luis Fernando Lalinde, un estudiante detenido hace 40 años, cuyo caso sigue sin resolver.
Luis Fernando Lalinde | Foto: Suministrada
El Estado de Colombia reconoció este miércoles, 29 de enero, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) su responsabilidad por la impunidad en la que han permanecido, durante cuatro décadas, los actos de tortura y la muerte de Luis Fernando Lalinde, un estudiante universitario y miembro del Partido Comunista asesinado en 1984 a manos de militares.
Este caso, que cobró especial notoriedad por la incansable búsqueda de verdad y justicia liderada por la madre de la víctima, Fabiola Lalinde, se discutió en una audiencia pública en la sede del tribunal internacional.
De acuerdo con los testimonios y argumentos presentados, se atribuye a la inacción de la justicia penal militar en Colombia la larga demora en el esclarecimiento de los hechos.
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Así mismo, se evidenció que, pese a que el expediente pasó a la Fiscalía General de la Nación hace más de una década, no se ha avanzado de manera significativa para juzgar a los responsables.
“Después de 40 años de la detención, tortura y muerte de Luis Fernando Lalinde, las circunstancias siguen sin ser plenamente esclarecidas”, afirmó el representante de las presuntas víctimas ante el tribunal.
Durante la sesión, se subrayó que la falta de investigación exhaustiva no sólo incumplió estándares internacionales, sino que causó un profundo sufrimiento a la familia Lalinde, que aún hoy exige conocer toda la verdad.
En la audiencia, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano señaló que el país reconoce la responsabilidad por no garantizar una investigación seria, imparcial y efectiva cuando el caso permaneció, por más de 15 años, bajo la jurisdicción penal militar.
A su vez, añadió que la Fiscalía, encargada del caso desde 2014, tampoco ha logrado avances relevantes y no ha cumplido con “los estándares convencionales de debida diligencia”.
“El tiempo transcurrido sin acciones investigativas oportunas entorpeció la pronta y eficiente administración de justicia, y esto ha sido fuente de frustración y angustia para la familia Lalinde”, admitió el funcionario en su intervención final, subrayando que la impunidad prolongada viola los derechos a la integridad personal y al acceso a la justicia.
El Estado colombiano adelantó que acatará las órdenes de la Corte una vez se emita la sentencia definitiva. No obstante, enfatizó que se han aprobado leyes recientes que reconocen y protegen los derechos de las mujeres buscadoras, como la Ley 2364 de 2024, aunque la representación de las víctimas subrayó la urgencia de dotarla de recursos suficientes para que, en la práctica, mejore las condiciones de quienes dedican su vida a la localización de desaparecidos.
La audiencia estuvo marcada por un intercambio de réplicas y contrarréplicas, donde el punto central fue la larga duración de la impunidad.
Para la familia Lalinde, la reparación material debe incluir compensaciones que cubran años de afectaciones físicas, emocionales y psicológicas, además de la posibilidad de una reforma que elimine vacíos en la justicia penal militar y evite que casos semejantes sigan sin esclarecerse.
