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Caso Uribe: Fiscalía y víctimas dicen que petición de aplazar el juicio “es una maniobra dilatoria”

La juez resolverá si se aplaza el inicio del juicio del exsenador y también expresidente por presunta manipulación de testigos.

Expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. Foto: Getty Images.

Expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. Foto: Getty Images. / NurPhoto

La Fiscalía General de la Nación le pidió a la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, que rechace la solicitud de aplazamiento que formuló la defensa del exsenador Álvaro Uribe Vélez, por considerar que es una maniobra dilatoria para lograr la prescripción del caso.

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La fiscal Marlene Orjuela le dijo a la juez que la solicitud del abogado Jaime Granados, defensor del también expresidente, “es un acto dilatorio para no dar inicio al juicio oral”.

Igualmente, le pidió a la juez que “se dé inicio a la audiencia programada para el día de hoy”.

Entre tanto, el abogado Reynaldo Villalba, defensor del senador Iván Cepeda, considerado como la principal víctima de este caso, que no postergue el inicio del juicio oral contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, procesado por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.

En ese sentido, Villalba dijo que se han tenido más de dos meses para preparar la audiencia de juicio y los testigos y le solicitó formalmente a la juez que “se niegue la petición de la defensa y se dé curso al juicio que lleva programado hace dos meses”.

Petición de la defensa

El equipo legal de Álvaro Uribe Vélez, encabezado por el reconocido abogado Jaime Granados, solicitó el aplazamiento del juicio oral contra el exmandatario, inicialmente programado para el 6 de febrero de 2024. La petición presentada ante la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, propone que el proceso se inicie el 17 de febrero de 2025, argumentando la necesidad de un tiempo razonable para el análisis exhaustivo de las pruebas recientemente admitidas y garantizar la seguridad del acusado y su equipo legal.

Según la solicitud radicada por Granados, la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de permitir el uso de interceptaciones telefónicas como prueba en el caso ha generado la necesidad de un estudio detallado de un documento de 180 folios. Dicho documento fue recibido por la defensa el 4 de febrero a las 7:50 p. m., lo que, según el abogado, no ha permitido su revisión completa antes de la fecha inicialmente prevista para la reanudación del juicio.

El proceso judicial contra Uribe, quien enfrenta cargos por presunto fraude procesal y soborno a testigos, se ha visto marcado por controversias en torno a las interceptaciones telefónicas. Estas grabaciones, realizadas a los teléfonos del exmandatario y de su entonces abogado, Diego Cadena, han sido consideradas clave por la Fiscalía en su intento por demostrar una posible manipulación de testigos. La reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá de admitir estas pruebas desbloqueó el proceso, permitiendo su continuidad.

Granados también ha destacado la preocupación por la seguridad de su cliente y de él mismo, argumentando que la participación en el juicio debe garantizarse mediante medios virtuales para evitar riesgos innecesarios. El abogado, quien actualmente reside fuera de Colombia por razones de seguridad, ha solicitado que las audiencias se realicen de manera híbrida, modalidad que, según él, no afectaría el principio de inmediación en el proceso.

Asimismo, la defensa pidió que la audiencia preparatoria no se cierre hasta que se resuelvan todas las apelaciones pendientes sobre el decreto de pruebas. En su petición, Granados enfatiza que el proceso debe desarrollarse de manera equitativa y con los tiempos adecuados para garantizar el derecho a la defensa.

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