Gobierno confirma diálogos de paz con el Clan del Golfo

El delegado del Gobierno Nacional para los acercamientos con el Clan del Golfo, Álvaro Jiménez, confirmó en La W que existe una disposición mutua para avanzar hacia una fase pública de negociación con este grupo armado.

Durante la entrevista en La W, Jiménez expuso los retos y propósitos de este proceso, considerado uno de los más complejos en el marco de la llamada Paz Total impulsada por el Ejecutivo.

Según Jiménez, el jefe del Clan del Golfo, identificado como Jobanis de Jesús Ávila —alias ‘Chiquito Malo’—, lidera una estructura integrada por personas que han transitado por diversos grupos armados a lo largo de más de tres décadas. “La mayoría ingresaron muy jóvenes a organizaciones como el EPL, las FARC, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, e incluso fueron parte de distintos procesos de desarme”, mencionó Jiménez.

El funcionario señaló que estas personas conocen “todas las dinámicas de paz que han construido distintos gobiernos” y reconocen que su desenlace natural es la negociación, con la condición de que el Estado cumpla lo pactado.

Jiménez explicó que, de acuerdo con el marco legal vigente, la mesa con el Clan del Golfo no se enmarca en una negociación de carácter estrictamente “sociopolítico”. En cambio, lo definió como un “diálogo socio-jurídico” enfocado en el sometimiento a la justicia y la salida de las economías ilegales, como el narcotráfico y la minería no autorizada.

“El propósito es que esta organización deje de existir. Ellos coinciden con esa meta y han mostrado disposición para avanzar en las etapas que garanticen ese objetivo”, enfatizó.

En la reunión exploratoria reciente, se analizó la necesidad de abrir una fase pública de las conversaciones. Para ello, el Gobierno espera que el Clan del Golfo tome determinaciones sobre temas cruciales como la migración, el tráfico de drogas y la explotación ilícita de recursos mineros en zonas donde ejercen control.

No obstante, el delegado reconoció que las desconfianzas siguen presentes, pues “han ocurrido operaciones en su contra y hay mensajes contradictorios en algunos sectores”, lo que lleva a la organización a exigir garantías y, además, a solicitar el acompañamiento de la comunidad internacional.

El proceso de paz total requiere integrar a diversos actores, incluidas las autoridades locales y regionales, aunque en algunos casos hayan expresado reservas frente a este tipo de iniciativas. “Las comunidades, las autoridades étnicas, los empresarios y diferentes sectores de la sociedad deben hacer parte de la transformación de los territorios”, señaló Jiménez.

Asimismo, subrayó que el Estado no puede seguir ausente en las zonas históricamente afectadas por la violencia: “Superar el control armado implica construir institucionalidad allá mismo, trabajar con la gente de esas regiones, con quienes dejen las armas y, por supuesto, con una fuerte presencia de las fuerzas estatales”.

Respecto a la posibilidad de penas de prisión para los altos mandos del Clan del Golfo, Jiménez recordó que la propuesta gubernamental se basa en la ley de Paz Total y en elementos de justicia transicional, sin crear un nuevo sistema de justicia específico. Sin embargo, aclaró que “no se trata de una negociación donde se otorgue estatus político a los integrantes de la organización”, sino de un proceso de sometimiento con compromisos concretos.

Aunque aún no se define la hoja de ruta final, Jiménez hizo hincapié en que es necesario “cerrar el espacio a la réplica de la violencia”. Añadió que la voluntad mostrada por el Clan del Golfo y la apuesta por una estrategia de pacificación integral brindan una oportunidad para avanzar en la reconstrucción social y económica de áreas donde persiste la presencia de actores armados ilegales.

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